El anuncio del Gobierno de expropiar 100 hectáreas en San Antonio a un costo de $11 mil millones para mitigar el desalojo de la megatoma generó revuelo. Esto se debe a que comités de vivienda formados legalmente llevan años esperando soluciones.
Daniela Catalán, presidenta del comité «Los Aromos 2«, relató que el grupo se formó en 2014 para buscar una solución para 300 familias en Miramar, Llolleo. Recién este año, el Serviu de la Región de Valparaíso compró dos paños para 180 de ellas.
Catalán expresó la rabia de las familias restantes: «el ministro (Carlos Montes) decía que no había recursos para comprar todos los paños que había prometido, que en el caso nuestro eran dos hectáreas más».
El anuncio de los ministros Montes, Álvaro Elizalde y Camila Vallejo, de expropiar los terrenos usurpados, provocó la indignación de los comités que siguieron la vía regular.
Catalán, jefa de hogar y madre de tres hijos, afirmó: «sentimos rabia y pena. ¿Debemos tomar un terreno para que den soluciones? Eso nos dan a entender». La dirigenta estima que en San Antonio hay 15 comités con unas 2.880 familias en igual situación.
el Gobierno no efectuará el desalojo hoy, fecha en que vencía el plazo para ejecutar la medida ordenada por la Suprema en marzo de 2024. El delegado presidencial confirmó que el Ejecutivo solo presentará su plan a la Corte.
Gremios del sur criticaron la decisión de La Moneda y temen un incentivo a las usurpaciones en la «zona roja».
Un investigador y académico señaló que los casi $11 mil millones destinados a expropiar las 100 hectáreas son casi la mitad de los recursos a nivel nacional para 2026 del programa de asentamientos precarios.
MINISTRO MONTES: VARIAS FILAS
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, respondió ayer a los sentimientos de «pena y rabia» expresados por la presidenta del comité «Los Aromos $2$«. La dirigenta, con más de diez años en la espera por una solución, reaccionó a los $\$11$ mil millones destinados a expropiar $100$ hectáreas de la usurpación en San Antonio.
Ante las consultas sobre si esta medida beneficia a quienes se «saltan la fila», Montes argumentó que «hemos llegado a la conclusión de que hay que tener varias filas, no una sola fila, porque las realidades son distintas».
Uwe Rohwedder, decano de Arquitectura e Ingeniería de la U. Central, calificó la frase de Montes como «una muy mala señal para las personas que sí están en la fila y han hecho las cosas legalmente».
Rohwedder señaló que «no hay dónde perderse» con la megatoma, porque es un problema que puede descontrolarse. Sin embargo, recalcó que «efectivamente, hay una injusticia y es válido sentirlo para aquel que está en la fila por años siguiendo los caminos legales. Es injusto, absolutamente». (NP-Gemini-Emol)
