El subjefe de la Bancada UDI, Felipe Donoso, y el diputado Jorge Alessandri anunciaron que han oficiado a la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría a la administración del Estado. El requerimiento se basa en la revelación de que más de 3.600 funcionarios del Gobierno Central mantienen la modalidad de teletrabajo.
De acuerdo con datos obtenidos vía Ley de Transparencia, un total de 3.622 funcionarios del Gobierno, incluyendo Presidencia, subsecretarías y servicios en regiones, siguen bajo esta modalidad. Los parlamentarios destacaron su preocupación al constatar que, si bien la Ley 21.724 permite el teletrabajo para hasta un 20% de la dotación de cada repartición, seis entidades superan dicho porcentaje con autorización de la Dirección de Presupuestos. Un caso relevante es la Subsecretaría de Hacienda, que mantiene a 105 funcionarios teletrabajando, lo que representa el 41,3% de su dotación.
PREOCUPACIÓN POR PRODUCTIVIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA
Si bien los diputados reconocieron la legalidad del teletrabajo bajo ciertas condiciones, manifestaron su inquietud respecto del nivel de productividad y el control por parte de las jefaturas. Aseguraron que la ley se concibió como una solución ante la emergencia sanitaria, la cual quedó atrás hace más de tres años. Por ello, insisten en que el sector público debe seguir el ejemplo del mundo privado y retomar la presencialidad.
La acción ante la Contraloría busca «verificar si estas autorizaciones… siguen estando debidamente fundadas» y si la modalidad no está «afectando la productividad» y el cumplimiento de las reparticiones. La UDI también expresó preocupación por la calidad y oportunidad de la atención a la ciudadanía, señalando que la Subsecretaría de Servicios Sociales tiene a 65 empleados (21% de su dotación) en teletrabajo, lo que podría impactar en la respuesta del Estado a los chilenos. (NP-Gemini-Bio Bio)
