La izquierda gobernante repite desde hace tres años un mantra que sirve de excusa para la inacción: “No podemos expulsar porque Venezuela no recibe los aviones”. Esta afirmación, presentada como verdad inamovible, es mediocre y una verdad a medias. Sí se puede expulsar; lo que falta es voluntad política y capacidad de gestión, no permisos de Maduro.
Durante el gobierno anterior, pese a las mismas dificultades diplomáticas, se concretaron más de diez vuelos de expulsión. No fue un milagro, sino planificación: listas armadas con anticipación, coordinación con consulados y presión diplomática real. Hoy, en cambio, el gobierno reemplazó la gestión por excusas, mientras la migración irregular supera las 337 mil personas y la población penal extranjera se triplicó en tres años.
La tesis de que “si Caracas no abre la puerta, no hay nada que hacer” es inaceptable para un Estado soberano. Cuando la vía aérea directa está bloqueada, un gobierno serio busca alternativas. Y existen: un “Plan de Salida Segura” por ruta terrestre hacia Bolivia y Brasil -ambos países permiten el ingreso de venezolanos sin visa de turismo y los expulsados por ingreso clandestino no tienen antecedentes penales- permitiría expulsiones viables y rápidas mediante caravanas escoltadas. También es posible usar vuelos a Colombia y coordinar desde allí la continuidad del viaje. El derecho internacional garantiza que ningún país puede impedir el retorno de sus propios nacionales; más aún si entran por tierra, por lo que la logística está disponible, lo que falta es decisión.
El problema de fondo no es técnico, es ideológico. Este gobierno prefiere la regularización masiva antes que aplicar la ley. La candidata oficialista incluso propone premiar el ingreso clandestino con regularización biométrica y luego visa, enviando el mensaje de que entrar ilegalmente no tiene sanción, sino beneficio. Este enfoque no sólo perpetúa el descontrol, sino que incentiva nuevos flujos, especialmente en una región donde millones de migrantes buscan mejores destinos.
Intentan instalar que expulsar es imposible y que debemos resignarnos con los más de 150 mil ingresos clandestinos desde 2022. Pero la imposibilidad es política, no operativa. La ciudadanía no debe aceptar esta rendición encubierta.
El país necesita abandonar la política del avestruz de que no pasa nada y bajar el perfil como hacía Manuel Monsalve con el Tren de Aragua. Cuando alguien vulnera la ley, el Estado debe actuar. Chile sí puede recuperar el control migratorio, pero requiere un gobierno dispuesto a ejercer autoridad, no a justificar su inacción con excusas. (El Líbero)
Álvaro Bellolio
