Partamos por la neutralidad. La Contraloría General de la República ha sido clara en que los funcionarios públicos deben regirse por el principio de apoliticidad. Esto es que no pueden participar en política contingente ni valerse de sus cargos para favorecer o perjudicar a determinada candidatura, tendencia o partido político. Eso, sin lugar a dudas, cabe para los cargos de dirección gremial de los mismos funcionarios.
Cuando la confederación que agrupa a las principales asociaciones de funcionarios anuncia que “convocará a votar por Jeannette Jara”, una candidata “cuyo programa es más cercano” a sus posiciones, deja de lado ese principio: los servidores públicos deben trabajar para gobiernos de distinta tendencia política y para la ciudadanía sin preguntar cómo vota.
El problema no es la pluralidad política —legítima en cualquier sociedad libre—, sino confundir la representación gremial con activismo electoral desde una tribuna que supone representar el empleo público.
Segundo, la reactivación de movilizaciones como herramienta para “implementar (o quizás frenar) transformaciones” anuncia un atajo peligroso. Como bien recuerda Pablo Ortúzar en su último libro “Dignos”, el preludio del estallido social fue justamente la conformación de una Mesa de Unidad Social que reunía a organizaciones del sector público y movimientos sociales, plataforma desde la que luego convocaba a movilizaciones y a una gran protesta social.
Más allá de ese traumático recuerdo, las huelgas y paros en el sector público castigan principalmente a quienes menos alternativas tienen: los pacientes que pierden atenciones, los ciudadanos que esperan beneficios o permisos, los estudiantes a quienes se les suspenden las clases. Eso erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y potencia a liderazgos que se declaran refundacionales o revolucionarios.
Tercero, el mantra de la “estabilidad” en el sector público ha generado incentivos perversos. Por un lado, los funcionarios de planta se transformaron en un régimen en extinción. Hoy, la contrata, diseñada originalmente como una excepción temporal, pasó a ser la mayoría, con el 64% de la dotación. Con el objetivo de combatir esa anomalía, tanto la Contraloría como los tribunales de justicia hicieron una interpretación extensiva de la ley para establecer el principio de la “confianza legítima”, transformando un régimen temporal en uno estable y mal regulado, a partir de su segunda renovación.
Un buen servicio civil protege a las personas de la arbitrariedad y al mismo tiempo a la ciudadanía de la mediocridad. ¿Cómo? Con un sistema de ingreso exigente, con formación continua, con incentivos al desempeño, y procesos ordenados de salida cuando —tras apoyo y mejora— no se logra el estándar requerido. Los que le fallen a Chile deben dejar el servicio público para que este les cumpla a los chilenos.
Si la ANEF quiere tomar partido en una elección, debería hacerlo no para apoyar a un candidato particular, sino para impulsar desde su tribuna una modernización al empleo público. Pero no una que frene, rigidice o que siga siendo un muro que impida avanzar, sino una que piense en todos esos habitantes que hoy se manifiestan insatisfechos con los servicios del Estado.
Juan Francisco Galli B.
Director ejecutivo de Pivotes
