A menos de veinticuatro horas del anuncio del Gobierno de expropiar cien de las doscientas quince hectáreas del terreno donde se emplaza la megatoma del cerro Centinela en San Antonio, los propietarios se preparan para una dura batalla judicial.
Los dueños del predio, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., y sus abogados, sostenían una reunión clave para definir la estrategia legal que seguirán.
El punto crítico de la disputa, tal como ocurrió en las negociaciones previas, es el precio de la expropiación.
Según el anuncio del Ejecutivo, el Gobierno pretende expropiar a un valor de cero coma veintitrés Unidades de Fomento (UF) el metro cuadrado, lo que implica un desembolso estatal de diez mil novecientos sesenta y un millones de pesos. La inmobiliaria, en contraste, esperaba un valor cercano a los cero coma cuarenta UF el metro cuadrado.
Fuentes cercanas al proceso aseguraron que los dueños fueron sorprendidos por la decisión del Ejecutivo, lo que motivó la solicitud de tres audiencias simultáneas con los ministerios del Interior, Vivienda y Bienes Nacionales.
Desde la vereda de los propietarios, se apunta a que la expropiación sería una estrategia del Gobierno para evitar el desacato al fallo de desalojo y dejan claro que no aceptarán el valor propuesto.
La noche del martes, el abogado de la inmobiliaria, Diego Pereira-Fonfach, ya había manifestado su molestia por la falta de comunicación, señalando que, a cuarenta y ocho horas del plazo judicial, no contaban con «información alguna sobre el inicio del proceso» de desalojo.
El abogado recordó que la empresa había contratado una empresa de cercado, con maquinarias y personal listos para iniciar el desalojo el cuatro de diciembre, advirtiendo que, si esto no se ejecuta, los costos serán cubiertos «en vano» por los propietarios.
Una vez que el decreto de expropiación se publique en el Diario Oficial, los dueños tendrán un plazo de treinta días para reclamar el monto de la indemnización ante el juez competente, como establece la ley.
La Constitución establece que nadie puede ser privado de su propiedad sin indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Si no hay acuerdo sobre el monto, entrará en funciones una comisión de peritos para fijar una tasación provisional. Si los dueños no quedan conformes, reclamarán en los tribunales civiles.
Mientras el escenario legal se ordena, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, optó por la cautela, señalando que desconocen los detalles formales del anuncio y que no han sido partícipes del proceso.
El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, sostuvo que la información sobre el paso a paso del desalojo y la nueva dinámica de la expropiación será entregada a la Corte de Apelaciones este jueves cuatro de diciembre.
El proyecto habitacional en las hectáreas expropiadas considera equipamiento urbano y mejoramiento del entorno. Las cerca de tres mil setecientas familias beneficiadas, conformadas en cooperativas, cuentan con un ahorro (abono) de un millón quinientos mil pesos que aportarán a la urbanización de la zona.
RN PIDEN A CONTRALORIA EVALUAR EXPROPIACIÓN
Los diputados de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton, Frank Sauerbaum, Carla Morales y Andrés Celis ingresaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR) para evaluar la legalidad de la orden del Gobierno de expropiar parte de la megatoma de San Antonio.
La expropiación fue anunciada por el Ministerio de Vivienda con el propósito de arrogarse cien de las doscientas quince hectáreas del terreno para desarrollar un proyecto habitacional, a solo dos días de que venciera el plazo judicial para el desalojo.
En el documento presentado ante la CGR, los legisladores solicitan a la Contralora que «se sirva dictaminar acerca de la legalidad de la utilización de procedimientos expropiatorios para sustraer del patrimonio de su titular inmuebles objeto de usurpación» cuyo desalojo fue determinado por una resolución judicial firme.
Los parlamentarios señalan que este grave problema social tiene como primeras víctimas a los «legítimos dueños del bien raíz usurpado», la Sociedad Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., que recurrió a la Corte de Apelaciones para requerir el desalojo.
Los diputados de oposición puntualizan que, si bien ha habido un trabajo de coordinación para prever la reubicación, este se ha prolongado por un plazo que constituye un «verdadero desacato de la orden» emanada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en un fallo que data de julio de 2023.
Cuestionan si la facultad de expropiación puede practicarse sobre un bien raíz respecto del cual ha ocurrido una usurpación y ante lo cual un Tribunal de Alzada ha instruido su desalojo mediante sentencia a firme. Afirman que el acto expropiatorio obstaría a que se concrete la orden judicial.
Según los diputados RN, la expropiación es una «facultad excepcional» que la jurisprudencia constitucional ha calificado como una «herramienta de última ratio«, incompatible con su uso para solucionar situaciones de hecho «creadas al margen de la ley».
Sostienen que la expropiación sobre un predio con ocupación ilegal y sentencia de restitución implica una «alteración directa de la función jurisdiccional» y compromete el «principio de juridicidad» de la Constitución.
Finalmente, los parlamentarios enfatizan que la potestad pública no puede emplearse para dejar «infértil la autoridad judicial», en tanto se atropella el principio de división de poderes y la reserva jurisdiccional. (NP-Gemini-La Tercera-Emol)
