El proyecto de ley que busca reducir las contribuciones (impuesto territorial) para los adultos mayores, mediante el financiamiento de mayores aportes de Las Condes y Lo Barnechea al Fondo Común Municipal (FCM), avanzó esta semana en el Congreso, desatando una fuerte crítica de ambos municipios y de la oposición.
La iniciativa del Ejecutivo establece que Las Condes deberá entregar el ochenta por ciento de lo recaudado por contribuciones inmobiliarias al FCM, mientras que Lo Barnechea aportará el sesenta y cinco por ciento, porcentajes superiores a los actuales.
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, rechazó enfáticamente la medida, argumentando que «el trabajo bien hecho debe ser reconocido, no castigado».
San Martín acusó al Presidente Boric de incumplir su promesa de aportar mil millones de dólares al FCM y de buscar ahora «meter la mano en el bolsillo de las comunas que han hecho bien su trabajo» para disimular su promesa fallida.
La jefa comunal enfatizó que sus vecinos ya aportan más que cualquier otro municipio al FCM, y que la comuna sigue resolviendo sus problemas de seguridad, salud y educación «con nuestros propios recursos y con excelencia», sin apoyo estatal en esas áreas.
La medida fue igualmente criticada por el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien si bien recalcó que su municipio siempre ha estado disponible para colaborar, calificó el alza impuesta como «inconsulta» e injusta.
Alessandri criticó que el proyecto «desconoce completamente la realidad» local, donde conviven vecinos de altos ingresos con cientos de personas con pensiones bajas que viven de sus ahorros.
Advirtió que la nueva alza tendrá un «impacto directo» en los programas sociales que benefician a los vecinos que más lo necesitan en salud, seguridad y apoyo habitacional, porque se toman decisiones «sin mirar la realidad de cada territorio».
En paralelo, la iniciativa encontró reparos en la oposición. El diputado Diego Schalper (RN) anunció que presentará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), al considerar que la fórmula de financiamiento constituye un «tributo injusto e injustificado».
Schalper argumentó que si bien la ampliación del beneficio a los adultos mayores es una buena intención, el financiamiento se aplica solo a ciertas comunas, vulnerando al menos el «principio de igualdad ante la ley».
Esta decisión fue respaldada por su colega de bancada, el diputado Frank Sauerbaum (RN), quien aseguró que la norma establece reglas distintas para Las Condes y Lo Barnechea en lugar de utilizar «fórmulas generales y abstractas» aplicables a cualquier municipio con ingresos similares.
Finalmente, el diputado Agustín Romero (Republicanos) comentó que su bancada se tomará el tiempo necesario para analizar el fundamento de la reserva de constitucionalidad. (NP-Gemini-Emol)
