Diversas organizaciones integradas por personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden, incluyendo al Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, solicitaron una audiencia de carácter urgente con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El objetivo de la solicitud es informar al máximo tribunal sobre un «manifiesto desacato a la Justicia» por parte del Gobierno del Presidente Boric.
La acción se origina a raíz de las «últimas acciones realizadas por Gendarmería en el Penal Punta Peuco», las cuales han sido calificadas como «abierto desacato a las resoluciones judiciales que ordenan paralizar las obras».
Las organizaciones firmantes son el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, la CORINAV (que reúne a Coroneles de Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y Capitanes de Navío de la Armada en retiro), y la COPERFA.
El comunicado está dirigido a la prensa con la petición expresa de su difusión, buscando visibilizar la alegada desobediencia a las resoluciones judiciales vigentes.
CARTA DE RODRIGO COOPER
Rodrigo Cooper Cortés, por su parte, denunció en carta a El Líbero, que el Gobierno ha comenzado los trabajos de transformación en el penal de Punta Peuco, a pesar de la existencia de dos órdenes de no innovar emitidas por cortes de apelaciones y de órdenes de paralización de faenas dictadas por la Municipalidad de Tiltil.
Cooper calificó el hecho como «incomprensible y profundamente inquietante», señalando que no se trata de un matiz jurídico menor, sino de una «desobediencia abierta a resoluciones judiciales vigentes».
El autor enfatizó que este actuar debería alarmar a cualquier demócrata, sin importar su posición política.
En el penal de Punta Peuco sobreviven alrededor de ciento cuarenta personas de edad avanzada, con un promedio de ochenta y seis años, muchas de ellas aquejadas por enfermedades graves y degenerativas.
Este grupo es considerado vulnerable, y su situación debería ser tratada con criterios humanitarios y dentro del marco del Estado de Derecho.
Sin embargo, Cooper acusa a la autoridad de optar por avanzar en obras que podrían afectar directamente las condiciones de vida de los reclusos, ignorando los límites establecidos por la justicia.
La señal que envía el Ejecutivo se considera «gravísima», pues cuestiona la base del equilibrio republicano.
El texto plantea: «¿desde cuándo un gobierno puede escoger qué resoluciones judiciales obedecer y cuáles pasar por alto?»
Finalmente, Cooper advierte que si el Ejecutivo opera como si estuviera por encima de los tribunales, hoy es Punta Peuco, pero mañana podría ser «cualquier otra materia» a través de la cual el gobierno saliente intente dejar un legado reconocible por su sector. (NP-Gemini El Líbero)
