Decenas de personeros ligados históricamente a la Concertación por la Democracia enviaron una carta abierta a los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast, instándolos a comprometerse con un gran acuerdo nacional de largo plazo para el desarrollo del país, más allá del resultado del balotaje del 14 de diciembre.
Entre los sesenta y nueve firmantes destacan figuras de relevancia política como los exministros Soledad Alvear, Jorge Burgos, Andrés Velasco, Edmundo Pérez Yoma, Vivianne Blanlot e Ignacio Walker, además del exdiputado Gutenberg Martínez.
La misiva diagnostica que Chile llega a la elección en un contexto de «profunda división» y que el resultado estará marcado más por la «resignación que por la convicción». Ante esto, el desafío es que la segunda vuelta sea el primer paso de un «pacto más duradero».
Los exconcertacionistas critican que el debate presidencial actual está «atrapado en el corto plazo», lo que genera polarización, erosiona la legitimidad de las reformas y desalienta la inversión en el país.
Frente a este escenario, los firmantes solicitan que la próxima administración se enmarque desde un inicio en una «visión de país de largo plazo» y ofrezca una hoja de ruta con metas económicas, sociales e institucionales «claras y medibles» que trasciendan un solo período presidencial.
Este horizonte de largo plazo se estructura en torno a tres grandes tareas. La primera es el «desarrollo económico sustentable», donde Chile necesita recuperar un crecimiento robusto, elevar la inversión y la productividad, y consolidar una base exportadora más diversificada sin degradar el medio ambiente.
La segunda tarea es la generación de «más empleos, mayor productividad y una sociedad más equitativa». Proponen que Chile converja a niveles de ocupación, calidad del empleo y distribución del ingreso propios de economías avanzadas, con menor desempleo estructural y una participación laboral femenina y juvenil mayor.
La tercera tarea esencial es construir un «Estado moderno, profesional y transparente al servicio de las personas». Sostienen que ninguna agenda de desarrollo será sostenible sin un Estado capaz de ejecutarla, sugiriendo modernizar la gestión pública y el empleo estatal basado en mérito y responsabilidad.
Además, el documento enfatiza que la seguridad pública y ciudadana es una «prioridad ineludible» para el próximo gobierno, señalando que «ninguna consideración política puede neutralizar la acción frente al crimen organizado», cuyo combate eficaz es una obligación básica para el desarrollo.
Lo que solicitan los firmantes no es un listado de medidas, sino un «compromiso de Estado»: crear un espacio institucional, transversal y estable para que el gobierno y la oposición acuerden «metas país al 2050» y revisen periódicamente su cumplimiento, independientemente de quién ocupe La Moneda. (NP-Gemini-La Tercera)
