A dos días de que venza el plazo judicial, el Gobierno de Chile anunció que impulsará un proyecto habitacional como solución definitiva para las familias del campamento Cerro Centinela, conocido como la “toma más grande de Chile”, ubicado en San Antonio. La medida busca mitigar el problema humanitario que supondría el desalojo de más de 10 mil personas.
La decisión gubernamental se produce luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso estableciera el 4 de diciembre como fecha límite para el desalojo de los habitantes del terreno de 215 hectáreas, cuyos propietarios son la Constructora Inmobiliaria San Antonio. La Corte también había instruido a diversas reparticiones del Estado y a la Municipalidad de San Antonio a implementar un albergue en el mismo periodo.
Para concretar el proyecto, el Gobierno contempla usar las facultades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Serviu de la Región de Valparaíso para expropiar y adquirir 100 de las 215 hectáreas (el lote 1-A). Esta acción se anuncia tras no lograr un acuerdo con los dueños del predio, quienes rechazaron la oferta estatal (basada en tasación a precio comercial) y solicitaron el doble del valor.
A pesar del anuncio de la solución habitacional, el desalojo continúa en marcha, considerando el mandato legal, por lo que el plan de acción debe ser presentado este jueves.
El campamento Cerro Centinela se formó en 2019 y está compuesto por 4.136 hogares habitados por 10.521 personas. Las familias se han organizado en 40 cooperativas cerradas de vivienda para facilitar la gestión de una solución alternativa. La orden de desalojo fue ratificada por la Corte Suprema en marzo de 2024.
SERVIU DE VALPARAÍSO
La directora del Serviu de Valparaíso, Nerina Paz, solicitó el viernes pasado un total de diez mil novecientos sesenta y un millones de pesos a la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, con el objetivo de indemnizar a los dueños del terreno de doscientas quince hectáreas ocupado por la megatoma de San Antonio, por la expropiación de cien hectáreas.
La decisión de expropiar casi la mitad de los terrenos fue comunicada ayer por los ministros de Vivienda, Carlos Montes (PS); del Interior, Álvaro Elizalde (PS); y la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC).
Sobre los terrenos ocupados por la megatoma pesa una orden judicial de desalojo que fue ratificada por la Corte Suprema en marzo de 2024. Se estima que en el asentamiento ilegal, que se inició en octubre de 2019, residen más de diez mil habitantes.
Según explicaron las autoridades, el objetivo de la medida es poner en marcha un proyecto habitacional en el sector.
El anuncio de la expropiación fue dado a conocer a menos de cuarenta y ocho horas de que mañana jueves comience a regir el plazo apercibido por la Corte de Valparaíso para ejecutar la orden judicial, luego de sucesivas postergaciones. (NP-Gemini-La Tercera-El Mercurio))
