El Congreso Nacional aprobó el último erario fiscal presentado por el gobierno de turno, logrando sortear las críticas de la oposición y consolidando sus proyecciones de ingresos y gastos, los puntos más cuestionados. Javiera Martínez, directora de Presupuestos (Dipres), evaluó positivamente el proceso, señalando que el proyecto final resultó «mejor que el que ingresó» gracias a la incorporación de análisis parlamentarios.
Martínez desestimó que la discusión de este año haya sido más polarizada que las anteriores, indicando que una «alta tensión política» ha sido la tónica en los últimos cuatro años, especialmente por coincidir los debates presupuestarios con ciclos electorales. Como ejemplo, mencionó el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional en 2024 por temas que consideró «más políticos que propios de la discusión».
La directora atribuyó la polarización a que el Presupuesto constituye la discusión legislativa más importante del año. Sin embargo, destacó que la voluntad de acuerdo de ambas partes siempre ha permitido avanzar. Sobre el rechazo inédito en la Comisión Mixta, Martínez sostuvo que la oposición presentó posturas contradictorias: pedían reducir el gasto por proyecciones de ingresos insuficientes, pero al mismo tiempo solicitaban el aumento de glosas específicas y la denominada «glosa republicana».
El rechazo de la Comisión Mixta, aunque dificultó el trabajo técnico inicial, obligó a canalizar las críticas sin transgredir la «línea roja» del Ejecutivo: el aumento del marco de gasto. Martínez subrayó que el gobierno se impuso manteniendo las dos metas fiscales clave con las que se ingresó el Presupuesto: un balance fiscal estructural de -1,1% del PIB y una deuda pública proyectada del 43,2% del PIB para 2026.
La principal ganancia para el gobierno fue mantener el nivel de gasto proyectado, con un crecimiento del 1,7% en un Presupuesto restrictivo. El Ejecutivo cedió en reasignaciones, por ejemplo, reduciendo partidas de Cultura para suplementar presupuestos de Junaeb y Seguridad, pero sin alterar el marco macroeconómico.
Respecto a la imposición en las proyecciones de ingresos y gastos, Martínez explicó que, tras una modernización y actualización de las proyecciones fiscales realizada entre 2024 y 2025, no había espacio para mayores movimientos. Acotó que las diferencias finales de la oposición se centraron en la recaudación por cumplimiento tributario. En materia de gasto, argumentó que las rebajas administrativas y legales ya propuestas hacían «poco realista» seguir reduciendo, pues gran parte del gasto está contenido o corresponde a leyes permanentes.
La directora enfatizó que es «poco realista» y «técnicamente equivocado» creer que la convergencia fiscal puede lograrse solo con contención de gasto. Señaló que más del 90% del Presupuesto está fijado por leyes, inversión o intereses, y que reducir el gasto en funcionarios públicos, donde el 50% corresponde a Salud, no generaría ahorros significativos a corto plazo.
Martínez defendió la «regla dual» y la meta autoimpuesta de un techo de deuda pública del 45% del PIB, calificándolo como un límite conservador y una ventaja competitiva, aunque admitió que el rechazo de la reforma tributaria cambió el panorama fiscal. Sobre el legado, destacó la implementación de la regla dual y el aumento de la transparencia fiscal. A nivel personal, reconoció que el 2023 fue su año más complejo, aunque siempre contó con respaldo y nunca consideró renunciar. (NP-Gemini-La Tercera)
