La Cámara de Diputados fue notificada del desafuero del futuro senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto (independiente), quien fue electo en los comicios del 16 de noviembre y es investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos de fraude al Fisco.
Esta notificación, luego de la resolución de la Corte Suprema, instala fuertes dudas sobre si Calisto podrá asumir su cargo como senador electo. La definición recaerá en el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), quien deberá determinar si se le inviste del cargo.
Ossandón reconoció que el Congreso está frente a una «situación jurídicamente compleja», por lo que ha solicitado los informes técnicos necesarios para analizar la situación con el «máximo rigor jurídico». El presidente del Senado aseguró que actuarán conforme a derecho, de manera objetiva y apegados a sus obligaciones constitucionales una vez que cuenten con los antecedentes completos.
El equipo de Calisto, donde participa el abogado Patricio Zapata, está actualmente realizando un análisis jurídico de la situación para determinar los pasos a seguir.
El caso reviste una complejidad adicional: si Calisto es acusado y condenado, perdería el cargo. El problema es que esta vacante no podría ser llenada.
Calisto fue elegido en un cupo de la disuelta Federación Regionalista Verde Social (Frevs). Al disolverse la Frevs, tanto Calisto como otros como Mulet, son considerados independientes sin asociación partidaria. La Constitución no contempla la sustitución o reemplazo de este tipo de legisladores.
Si la situación judicial de Calisto no se resuelve a su favor, el Senado quedaría con 49 senadores hasta el año 2034, al no existir mecanismo legal para cubrir la vacante.
La resolución de la Corte Suprema que determinó el desafuero contó con 13 votos a favor y solo dos en contra (de los ministros Diego Simpertigue y Jean Pierre Matus).
El máximo tribunal argumentó que, en esta etapa de antejuicio, no se requiere la comprobación del delito o de la participación en toda su estructura, sino que basta con ponderar el mérito y la plausibilidad de la imputación del Ministerio Público.
La Suprema concluyó que la imputación de la Fiscalía tiene «mérito y es plausible» y que existen «indicios suficientes de participación» que justifican la formación de causa contra el diputado Miguel Ángel Calisto, dejando la decisión final sobre el fondo del asunto al juicio penal. (NP-Gemini-La Tercera)
