El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una ampliación de querella dentro de la causa ProCultura, una de las aristas más relevantes del denominado Caso Convenios, dirigiéndose directamente en contra del fundador de la fundación, Alberto Larraín.
La acción judicial también se dirige en contra de María Constanza Gómez, quien se desempeñaba como representante legal de la fundación.
El CDE acusa a ambos de incurrir en el delito de distracción indebida de fondos fiscales. Estos dineros fueron transferidos desde la Gobernación Regional Metropolitana para la materialización del programa de prevención del suicidio, denominado Quédate.
La querella establece que este delito es independiente de otros ilícitos que puedan surgir durante la investigación, tales como malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible y cohecho.
La acción del CDE se basa en que Larraín y Gómez, en representación de ProCultura, recibieron $1.683.788.000 del patrimonio fiscal con el destino exclusivo de solventar el proyecto «Quédate». Sin embargo, la fundación habría distraído una parte importante de este monto, utilizándolo indebidamente.
El CDE argumenta que este desvío de finalidad impidió la correcta ejecución del proyecto y vulneró la obligación contractual de la fundación de mantener los recursos disponibles y restituirlos inmediatamente al gobierno regional si así se requería.
Tras el estallido del Caso Convenios, el Gobierno Regional Metropolitano (Gore) puso término anticipado al convenio y determinó que el perjuicio patrimonial causado al Estado de Chile asciende a la suma de $1.015.283.548, dinero que, al haber sido desviado, no ha sido devuelto hasta la fecha.
El documento del CDE sostiene que el mismo día en que el Gore transfirió los dineros, el 9 de noviembre de 2022, la fundación, bajo la dirección de Larraín y Gómez, comenzó a dar un uso distinto al previsto para el dinero. Esta conclusión se sustenta en la «falta de rendición y de entrega de antecedentes» que justifiquen la correcta inversión de los fondos.
El Consejo de Defensa del Estado solicitó al Ministerio Público realizar diversas diligencias, incluyendo oficiar al Conservador de Bienes Raíces y al Registro Civil para informar sobre las propiedades y vehículos asociados a los querellados, con miras al ejercicio de acciones civiles indemnizatorias.
Además, el CDE requirió asumir la representación del Gore como víctima en la causa, solicitando el cese de la representación legal que tenía la entidad regional.
Este paso del CDE contrasta con otras decisiones tomadas en el Caso Convenios, ya que el organismo optó por querellarse contra los líderes de ProCultura, pero no así contra el gobernador Claudio Orrego, quien está imputado en la causa y respecto de quien la Fiscalía ya pidió su desafuero.
El abogado de Alberto Larraín, Cristián Arias, desdramatizó la acción, manifestando que la querella «no constituye un giro dramático en este proceso» y que básicamente es la sustitución del Gobierno Regional como querellante por parte del CDE. La Fiscalía Regional de Antofagasta, donde está radicada la indagación, se encuentra analizando la ampliación de la querella. (NP-Gemini-La Tercera)
