A solo dos días de las elecciones presidenciales, un análisis del Observatorio Electoral TIRONI – Universidad de Chile revela una estrategia programática común entre las candidaturas: la priorización de propuestas que pueden ejecutarse por vía administrativa, evitando la alta fragmentación y el potencial bloqueo del Congreso. El estudio, que analizó 1.636 propuestas de los ocho candidatos, determinó que el 61% de ellas podría implementarse directamente desde el Ejecutivo, sin requerir trámite legislativo.
Según Gonzalo Parra, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, esta decisión es una respuesta pragmática a un sistema político incierto. “Es natural que una candidatura priorice acciones que le permitan desplegar propuestas y demostrar logros rápidos ante la ciudadanía, sin depender de la aprobación del Poder Legislativo”, explica. El diseño de las plataformas de gobierno asume que el Congreso seguirá siendo un espacio dividido, incluso si la derecha logra una mayoría.
Los equipos de campaña consideran la fragmentación un factor determinante, sabedores de que la tensión se mantendrá incluso dentro de los propios bloques. En la derecha, existen divergencias en temas como seguridad y gasto fiscal entre los sectores de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. En la izquierda, la disputa entre Jeannette Jara y Marco Enríquez-Ominami evidencia las diferencias sobre el rol del Estado y la redistribución.
Francisco Espinoza, gerente de Asuntos Públicos de TIRONI, subraya el carácter pragmático de las plataformas, señalando que las candidaturas buscan mostrar «eficacia y resultados» rápidos. El electorado, a su juicio, no premiará las grandes reformas de largo aliento, sino las «medidas concretas que produzcan efectos visibles en el corto plazo».
El informe evidencia que esta preferencia por la vía administrativa es visible en los ejes temáticos. En seguridad, las propuestas se centran en reestructurar instituciones y crear comités interministeriales. En economía, se privilegian la simplificación de trámites, la desregulación de permisos y los incentivos al sector privado, todas medidas ejecutables mediante decretos o reglamentos. Este foco en la reactivación económica responde a la urgencia ciudadana por la «pérdida de seguridad económica», según el análisis de Espinoza.
Los investigadores advierten que, si bien esta estrategia otorga agilidad, también conlleva el riesgo de acentuar el desequilibrio de poderes. Espinoza alerta que la administración podría transformarse en un «atajo para gobernar sin negociación política», mientras que Parra complementa señalando la «consolidación de una lógica tecnocrática» donde el Ejecutivo desplaza al Congreso. La tendencia refleja un consenso en torno al «orden» y la «eficiencia», donde la fragmentación y polarización han sustituido la épica del cambio por la urgencia de la gestión rápida. (NP-Gemini-El Mostrador)
