El recrudecimiento de la violencia en Colombia, evidenciado por recientes atentados incluso en zonas consideradas seguras como Tunja, subraya una grave crisis en el aparato de inteligencia nacional, considerado un pilar fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Un exhaustivo documento elaborado por el Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional y divulgado por SEMANA detalla un preocupante debilitamiento de la inteligencia estratégica, centrado especialmente en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la principal agencia del Estado.
El informe describe a la DNI como un proyecto «complejo y sensible» que, con más de una década de existencia, atraviesa una «encrucijada» de inestabilidad institucional y cambios doctrinarios bajo la administración del presidente Gustavo Petro. Según el texto, la agencia padece de controversias que han revivido el «fantasma del espionaje político y la mala gestión», afectando su operatividad.
Una de las conclusiones más contundentes del Consejo de Generales es que el «uso inadecuado de la inteligencia» por parte del gobierno ha provocado el fracaso de su política insignia, la «Paz Total». A pesar de la Ley 2272 de 2022 que legaliza las negociaciones con grupos ilegales, el informe señala que las directrices del Ejecutivo han tenido un «efecto rebote», manifestándose en un aumento de todos los indicadores de seguridad y un incremento en el número de miembros de grupos al margen de la ley.
La crítica se sustenta en cifras alarmantes, como el crecimiento de los cultivos ilícitos, que alcanzaron las 353.000 hectáreas según el informe de la UNODC de 2023. El documento vincula esta situación a la adopción del concepto de «Seguridad Humana» como eje central de la política de seguridad, que prioriza la protección de la vida «por encima de la seguridad estatal tradicional», lo que ha modificado casi por completo la misión de la DNI.
A nivel de gestión, el informe subraya una fuerte inestabilidad en la cúpula de la DNI, con el nombramiento de tres directores en menos de dos años, todos ellos «exmilitantes del M-19 y nombrados por criterios de confianza política más que por pericia técnica». Esta situación se ha visto agravada por «silenciosas purgas» de personal experimentado, nombramientos cuestionados, como el de Jorge Lemus con una inhabilidad vigente, y un ambiente de «paranoia» interna y externa sobre la vigilancia estatal.
El documento también enumera escándalos de corrupción y mala gestión, como la adquisición de un dron de 9.000 millones de pesos que permanece inutilizado y la compra de casas prefabricadas por 1.500 millones que quedaron abandonadas. Además, la DNI ha estado envuelta en polémicas por su rol en los ascensos de más de 600 policías y su participación en casos controvertidos como el de ‘Mocho Olmedo’, sin olvidar el paso por la dirección del hoy prófugo Carlos Ramón González.
Un factor de «complejidad adicional» y «potencialmente disruptivo» es la reciente inclusión del presidente Petro, del exministro Armando Benedetti y de miembros de su círculo familiar en la «Lista Clinton» de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. El informe advierte que esta designación introduce nuevos elementos de riesgo para la cooperación internacional en inteligencia.
Los expertos temen una «suspensión de facto o una limitación drástica» de los acuerdos de cooperación, el intercambio de información sensible y la asistencia técnica con agencias estadounidenses clave como la CIA, el FBI y la DEA. Esto se daría ante la percepción de que la información compartida podría beneficiar directa o indirectamente a los sancionados, en particular al presidente.
La pérdida de acceso a información y herramientas de inteligencia de EE. UU. podría afectar gravemente las operaciones en curso contra amenazas transnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado, erosionando la confianza y degradando la capacidad prospectiva de la DNI. Esta situación complicaría la ya tensa relación bilateral en la lucha antidrogas y representa un «shock externo de considerable magnitud» para la agencia.
El informe concluye que la priorización de la «lealtad política e ideológica sobre la competencia técnica» ha generado «gestión deficiente, escándalos de corrupción y una notoria degradación de la calidad analítica», dejando al Estado con «puntos ciegos en amenazas estratégicas». Los generales de la reserva advierten que este camino implica un debilitamiento de la postura estratégica de Colombia y una erosión de la confianza ciudadana. El riesgo para la democracia es aún mayor, ya que una agencia de inteligencia «sin contrapesos» y utilizada para monitorear a la oposición, la prensa y la justicia, es una «amenaza directa a las libertades fundamentales», haciendo «urgente» reencauzar a la DNI hacia un mandato legal, técnico y apolítico. (NP-Gemini-La Semana)
