El regreso del voto obligatorio en Chile ha generado un aluvión de denuncias por no concurrencia a las urnas, poniendo en tensión al sistema de justicia local y evidenciando sus limitaciones. El Servicio Electoral (Servel), que denuncia a los infractores ante los 379 Juzgados de Policía Local del país, espera que cerca de 15,8 millones de personas estén habilitadas para votar en las presidenciales y parlamentarias de noviembre de 2025. Sin embargo, un porcentaje significativo de electores, aduciendo motivos como enfermedad, viajes o estar a más de 200 kilómetros de su local de votación (causales válidas según la Ley 21.779), no acude, dando inicio a un proceso judicial complejo.
La Ley 21.779 establece multas que varían entre 0,5 y 1,5 UTM (entre $34.000 y $103.000 pesos aproximadamente), pero la sanción final no es automática. Los jueces de policía local tienen la facultad de evaluar cada caso con discreción, ponderando la lógica, la experiencia y la equidad. Francisco Ríos, presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local (INJPL), explica que se aplica la multa mínima ante una justificación razonable, y la máxima solo a quienes no presentan descargos. Por su parte, la jueza Zinnia Ollier de Lebu enfatiza que no basta con invocar una causal, sino que es crucial acreditarla con documentación, como certificados médicos o pasajes.
El plebiscito constitucional de 2022, la primera elección con voto obligatorio repuesto, ya demostró la dificultad del sistema para sancionar. De los 2.033.843 denunciados por el Servel, solo 472.195 fueron finalmente sancionados (23,2%), mientras que miles de causas fueron absueltas o archivadas por imposibilidad de contacto. Esta disparidad en la aplicación de la ley se ve agravada por la desigualdad de recursos entre los municipios, tal como señala el investigador Gustavo Campos, quien apunta que los juzgados con menos presupuesto tienen mayores dificultades para notificar y hacer seguimiento a las causas.
El proceso sancionatorio no solo es ineficaz en su ejecución —dado que, según los magistrados, gran parte de los infractores nunca paga, convirtiendo el voto obligatorio en «letra muerta»—, sino que también está generando un riesgo de colapso en los juzgados locales. El ingreso de masivas nóminas de denunciados, que llegan en pendrives y obligan a la impresión manual de miles de documentos (denuncias, citaciones y notificaciones), exige una carga de trabajo que no está debidamente presupuestada. El juez Andrés Celedón de Gorbea advierte que, si se suman más procesos electorales sin cambios, el colapso del sistema será inevitable.
Ante este panorama, los magistrados urgen por ajustes para modernizar el sistema. El juez Ríos propone habilitar medios electrónicos de notificación y crear un sistema unificado para dejar de depender de la búsqueda manual de direcciones y el correo físico. Además, se solicita al INE retomar la publicación de estadísticas que midan con transparencia cuántas multas se cursan y cuántas se cobran efectivamente. (NP-Gemini-La Tercera)
