Luego de que el Gobierno confirmara la semana pasada que financiaría la defensa del exministro de Energía, Diego Pardow, en la acusación constitucional en su contra, la Contraloría General de la República (CGR) intervino y solicitó al Ejecutivo justificar este apoyo legal. La acción del ente fiscalizador se produce a raíz de una solicitud de los diputados de la UDI Henry Leal y Sergio Bobadilla, quienes pidieron aclarar si este financiamiento estatal corresponde.
Los parlamentarios, entre ellos un miembro de la comisión revisora de la acusación, cuestionaron la decisión del Ejecutivo apelando a precedentes como los casos de los exministros Andrés Chadwick (2019) y Maya Fernández (2025), quienes costearon personalmente sus defensas jurídicas ante acusaciones similares.
En este contexto, la CGR solicitó el pasado jueves 30 que las subsecretarías General de la Presidencia, Interior, Energía y Hacienda se pronuncien formalmente sobre el apoyo jurídico a Pardow y remitan todos los antecedentes pertinentes.
El organismo contralor otorgó un plazo de 10 días hábiles administrativos a contar de la total tramitación del oficio para que las entidades informen al respecto. La Contraloría enfatizó que el informe debe ser preparado con la intervención de la Asesoría Jurídica o un abogado de la respectiva entidad.
Tras conocerse la decisión de la CGR, los diputados recurrentes valoraron la medida, señalando que «es una muy buena señal que la Contraloría General de la República decidiera abrir una investigación».
Los parlamentarios de la UDI reiteraron su postura inicial, calificando de «absolutamente imprudente» que los recursos públicos se utilicen para costear la defensa de un exministro, especialmente considerando que la acusación se debe a una presunta negligencia que provocó cobros en exceso por más de $110 mil millones de pesos.
Los diputados Leal y Bobadilla enfatizaron que «nadie le está negando al exministro Pardow su derecho a una defensa, pero no parece prudente que con los recursos de todos los chilenos se financie su abogado, especialmente considerando que ya renunció a su cargo«.
Finalmente, los recurrentes indicaron que, si bien respetarán la conclusión de la Contraloría en caso de que esta determine la procedencia del apoyo, si se considera un gasto improcedente, exigirán que el Gobierno deje sin efecto la medida de financiamiento. (NP-Gemini-Emol)
