El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), formalizado por corrupción en el caso Farmacias Populares, ha escalado su batalla legal a la Corte Suprema buscando revertir la medida cautelar de arresto domiciliario total que cumple actualmente.
La defensora penal pública, Yessica Aguilera, activó esta «intrincada arremetida judicial» luego de que tanto el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago como la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvieran la medida cautelar, pese a la solicitud de modificarla por arresto domiciliario nocturno.
Ante la imposibilidad de apelar la decisión de la Corte de Santiago directamente al máximo tribunal, la defensa optó por una estrategia indirecta, presentando un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. En dicho recurso, se argumentó que Jadue ya acumula 15 meses privado de libertad (tres de ellos en Capitán Yáber), lo que ha provocado una «merma considerable de sus facultades económicas» y «problemas de índole psicológico».
No obstante, la Corte de San Miguel rechazó el recurso y lo declaró inadmisible el pasado 22 de octubre, basándose en que el caso está radicado en Santiago y que revisar la decisión configuraría una «revisión anómala e impropia» de lo actuado por un tribunal superior de igual jerarquía.
Esta negativa llevó a Aguilera a recurrir directamente a la Corte Suprema. La defensa de Jadue busca que el máximo tribunal revoque la inadmisibilidad del recurso de amparo, fundando su acción en una supuesta «ilegalidad» de la resolución de la Corte de Santiago. Según el escrito, el fallo que mantuvo el arresto carece de «toda fundamentación» y no se hizo cargo de los argumentos de la defensa, vulnerando el derecho del imputado a conocer los fundamentos de la privación de libertad.
De forma paralela, la Corte de Santiago también declaró inadmisible el recurso de protección presentado por Jadue contra el Servel, con el que el exalcalde buscaba revertir su exclusión de la papeleta en la elección parlamentaria. La apelación ante la Suprema en el ámbito penal se concentra ahora en conseguir que la Corte de San Miguel revise el fondo de la medida cautelar.
El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), enfrenta actualmente un complejo escenario judicial que lo mantiene bajo arresto domiciliario total. El caso se originó a partir de una investigación por presuntos delitos de corrupción asociados a la gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), entidad que él presidía.
DELITOS IMPUTADOS
Jadue fue formalizado por los siguientes delitos:
Estafa: Por presuntas irregularidades en la adquisición y venta de insumos médicos y farmacéuticos.
Malversación de Caudales Públicos: Se le acusa de desvío o uso indebido de fondos de la asociación, destinados al beneficio de la comunidad.
Cohecho (delito de corrupción): Relacionado con posibles sobornos o pagos indebidos en el marco de las licitaciones o gestiones de Achifarp.
Administración Desleal: Por un manejo de los recursos de la asociación que habría perjudicado su patrimonio y fines.
Fraude al Fisco: Por actuaciones que habrían causado un perjuicio económico al erario público.
ACHIFARP
Achifarp, creada para proveer medicamentos a bajo costo a municipios asociados, se encuentra en una situación de quiebra financiera. La investigación busca determinar si las decisiones y acciones de Jadue como presidente y de otros directivos contribuyeron al colapso de la asociación y si se cometieron ilícitos en el proceso.
CAUTELARES
Actualmente, Jadue está cumpliendo arresto domiciliario total.
La Fiscalía y los querellantes solicitaron originalmente la prisión preventiva, argumentando que la libertad de Jadue constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, dada la gravedad de los delitos imputados y la cantidad de bienes jurídicos afectados.
Aunque el tribunal no accedió a la prisión preventiva, impuso el arresto domiciliario total, que la defensa de Jadue ha intentado revertir en diversas instancias judiciales, alegando que ya ha pasado un tiempo considerable (15 meses) bajo restricción de libertad.
El caso está en etapa de investigación, y la Fiscalía y la defensa están a la espera de las diversas diligencias judiciales. (NP-Gemini-La Tercera)
