El Frente Amplio (FA) ha manifestado una profunda inquietud y preocupación ante el creciente número de parlamentarios del oficialismo que han manifestado su disposición a respaldar la Acusación Constitucional (AC) contra el frenteamplista y exministro de Energía, Diego Pardow. La posible aprobación del libelo, que podría inhabilitar a Pardow por cinco años para ejercer cargos públicos, se ha convertido en una amenaza real debido a los descuelgues en las filas del Gobierno.
A diferencia de otras acusaciones de la derecha, esta AC ha encontrado eco en las bancadas del oficialismo como PPD e independientes, Radicales, Liberales, Acción Humanista y Federación Regionalista Verde Social. Incluso, parlamentarios de partidos más disciplinados como el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC) han evidenciado dudas. Solo dos votos a favor del oficialismo, sumados a un bloque opositor, bastarían para aprobar el libelo.
LLAMADA DE AUXILIO A LA MONEDA
Ante el riesgo, la directiva del FA alzó la voz. El secretario general, Andrés Couble, pidió a los partidos y parlamentarios «votar responsablemente» y analizar la acusación que, a su juicio, «no tiene fundamento». Couble fue más allá y sinceró que espera acciones directas de La Moneda, confiando en que el «gobierno está trabajando en ello» para «monitorear la votación».
El jefe de bancada del FA, Jaime Sáez, complementó la petición, señalando que los ministros del Comité Político «tienen la obligación… ordenar a las fuerzas del oficialismo» y persuadir a quienes tienen dudas, destacando el rol clave que deben jugar. Por su parte, la jefa de bancada, Lorena Fries, instó a las directivas del PPD, PS y DC a tomar un «rol activo en ordenar sus filas», argumentando que la responsabilidad política de Pardow ya se cobró con su renuncia.
En el Palacio de La Moneda, los ministros Álvaro Elizalde (Interior) y Macarena Lobos (Segpres) lideran las gestiones para contener los votos. Elizalde quedó como enlace de la defensa de Pardow, mientras que Lobos monitorea el Congreso y ha contactado a figuras clave. Sin embargo, algunos diputados críticos, como Rubén Oyarzo, afirman que nadie del Ejecutivo los ha contactado pese a haber manifestado su intención de votar a favor.
El mensaje que La Moneda ha transmitido a los parlamentarios, mediante minutas y comités políticos, es doble: la AC es improcedente porque la responsabilidad política ya se cumplió con la salida de Pardow, y enfrentarla quita tiempo a proyectos clave como la Ley de Presupuestos, sala cuna o el fin del CAE. Sin embargo, voces del Socialismo Democrático, como el diputado PS Nelson Venegas, han reiterado que su principal lealtad es con la ciudadanía, y no con el Gobierno, prometiendo revisar «muy consensuadamente la acusación».
El libelo acusatorio contra el exministro de Energía, Diego Pardow (FA), impulsado principalmente por parlamentarios de derecha, se centra en la vulneración de los principios de probidad y legalidad a raíz del error en el cálculo de las tarifas eléctricas.
INFRACCIONES A LA CONSTITUCION
Los principales argumentos de la Acusación Constitucional (AC) que buscan la inhabilitación de Pardow por cinco años se resumen en los siguientes puntos:
Vulneración del Principio de Probidad: Se acusa a Pardow de haber incumplido con el deber de actuar con honestidad y transparencia en el ejercicio de su cargo, al no haber detectado a tiempo ni haber informado adecuadamente del error metodológico que condujo a un sobrecobro indebido a los clientes de luz. Los acusadores argumentan que, aunque el error de cálculo era técnico, la responsabilidad política recae en el ministro.
Contravención al Principio de Legalidad y Control: La AC sostiene que el exministro infringió su deber de cautelar el correcto cumplimiento de las normativas de fijación tarifaria. El error metodológico en la fórmula de cálculo, aunque heredado, se mantuvo vigente bajo su supervisión, lo que permitió un cobro que no se ajustaba estrictamente a la ley que rige las tarifas eléctricas.
Daño al Patrimonio Público y Ciudadano: La acusación se basa en la magnitud del perjuicio económico generado a los ciudadanos, estimado en cientos de millones de pesos, aunque el biministro Álvaro García redujo la devolución a solo $2.000 por cliente en promedio. Los parlamentarios consideran que el error es de tal gravedad que no se resuelve únicamente con la renuncia al cargo.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Un punto clave de la disputa es si la salida de Pardow del gabinete fue suficiente.
Tesis del FA/Gobierno: El Frente Amplio y La Moneda argumentan que la responsabilidad política ya fue satisfecha con la renuncia del ministro, y que la AC solo tiene fines de «aprovechamiento político y electoral» por parte de la derecha.
Tesis Acusadora: Los impulsores de la AC, y los parlamentarios oficialistas que se han sumado, sostienen que la AC busca hacer efectiva la responsabilidad constitucional que va más allá de la política. Creen que el error reviste una gravedad que merece la sanción de inhabilitación, independiente de que haya dejado el cargo. (NP Gemini La Tercera)
