La Fiscalía Nacional Económica (FNE) entregó un informe preliminar como parte de su noveno Estudio de Mercado, enfocado en la educación superior de pregrado en Chile durante el periodo 2007-2023. El análisis incluyó a 126 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, identificando varios obstáculos que afectan la libre competencia y la capacidad de los estudiantes para tomar decisiones informadas.
Según la FNE, existen tres principales problemas: dificultades en las decisiones de los postulantes, falta de información relevante y barreras regulatorias que limitan la competencia entre las instituciones educativas. Estos factores generan que la elección de carrera no garantice necesariamente mejor inserción laboral o mayores ingresos futuros.
Uno de los hallazgos más significativos señala que un 35% de las carreras ofrecidas en el país presenta un retorno económico negativo, y que este porcentaje ha aumentado hasta cerca del 40% en 2023. Además, dos de cada cinco personas reconocen que su trabajo está poco relacionado con su formación, y la mitad se siente sobrecalificada.
La FNE observó también una marcada desigualdad en la calidad educativa entre distintas instituciones, tanto dentro del sistema universitario como en la educación técnico-profesional. Una crítica que el documento enfatiza es que las instituciones que cobran más en relación con sus costos no son necesariamente las que brindan mejores servicios.
El informe aborda, además, brechas de género en los retornos económicos de las carreras: las mujeres eligen programas con menor rentabilidad promedio que los hombres, lo que podría explicar parte de la desigualdad salarial en el mercado laboral.
En cuanto a la información disponible para los estudiantes, la FNE denunció que es incompleta y poco útil para tomar decisiones fundadas, pues las instituciones no entregan suficientes datos sobre empleabilidad, ingresos ni tasas de deserción. Esto provoca que los jóvenes preparen mal sus elecciones, utilizando poco los recursos informativos existentes.
Las barreras regulatorias también limitan la competencia, principalmente en universidades estatales que operan bajo marcos administrativos poco flexibles. La FNE recomendó revisar además el sistema de asignación del Aporte Fiscal Directo (AFD), actualmente distribuido con criterios históricos.
Un problema adicional detectado es la excesiva fragmentación de la oferta académica: existen más de 5.000 programas similares presentados con nombres distintos, lo que dificulta a los postulantes elegir una carrera adecuada.
Con el fin de mejorar la situación, la FNE presentó nueve recomendaciones que apuntan a fortalecer la información y orientación vocacional, así como a reformar las regulaciones para fomentar la competencia y beneficiar a estudiantes, familias y al Estado.
Entre las propuestas se incluyen reforzar la orientación vocacional desde la enseñanza media, capacitar a docentes en el uso de herramientas informativas y crear un sistema personalizado que integre test vocacionales con datos económicos y de empleabilidad.
Asimismo, sugirieron implementar una plataforma digital centralizada basada en Mifuturo.cl, establecer un hito informativo obligatorio previo a la postulación y mejorar la transparencia en indicadores clave como la satisfacción estudiantil y el valor económico agregado.
En normativa, se recomendó perfeccionar el régimen de derecho público para universidades estatales, actualizar las definiciones legales de títulos y grados, y facilitar la movilidad estudiantil entre instituciones.
Sobre el financiamiento, plantearon reemplazar el actual esquema de asignación del AFD por criterios objetivos que consideren desempeño y equidad.
La FNE estimó que, si se lograra reducir en un 10% la deserción estudiantil y la elección de carreras con retorno negativo, los beneficios anuales para familias y Estado podrían alcanzar US$852 millones, equivalentes al 13% de los ingresos del sistema.
En 2023, la educación superior chilena movilizó aproximadamente US$6.800 millones, con 1.277.000 estudiantes matriculados: 55% en universidades, 33% en institutos profesionales y 12% en centros de formación técnica.
Los aranceles promedio llegan a $4,2 millones anuales en universidades y $2,4 millones en institutos y CFT, reflejando la importancia de optimizar gasto y calidad para un mejor desarrollo social y económico.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El reciente informe preliminar del noveno Estudio de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre educación superior generó diversas reacciones en el país. El análisis abarcó a 126 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, y reveló importantes limitaciones que afectan la libre competencia y la toma de decisiones de los estudiantes.
La FNE identificó tres principales obstáculos: dificultades en las decisiones de los postulantes, fallas en la difusión de información relevante y barreras regulatorias que restringen la competencia entre instituciones. Estos factores impiden que la elección de carrera garantice necesariamente una mejor inserción laboral o mayores ingresos.
Uno de los datos más alarmantes es que el 35% de las carreras ofrecidas en Chile presenta un retorno económico negativo, porcentaje que ha ido en aumento hasta casi el 40% en 2023. Además, dos de cada cinco personas indican que su trabajo está poco o nada relacionado con sus estudios, y la mitad se siente sobrecalificada para su empleo actual.
El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, comentó que hoy «tener un título universitario no significa lo que significaba hace 30 años», por lo que es necesaria una modernización del sistema educativo. Destacó la importancia de cambiar el financiamiento y las trayectorias académicas para adecuarlas al mercado laboral.
Orellana advirtió que muchos estudiantes enfrentan una frustración al incurrir en altos gastos sin encontrar trabajo adecuado o que compense la inversión realizada. Por este motivo, resaltó la preocupación de evitar que la educación superior genere deuda bancaria insostenible.
Entre las propuestas para enfrentar estos desafíos, el subsecretario mencionó la necesidad de reducir la duración de las carreras y vincularlas más estrechamente con las demandas productivas y del mercado laboral futuras. También resaltó la importancia de implementar un proceso transversal de modernización del sistema que trascienda gobiernos.
Además, Orellana señaló que es imprescindible contar con un financiamiento más eficiente, ya que el país hoy invierte mucho en educación superior sin obtener los resultados esperados. En este sentido, manifestó que el estudio de la FNE confirma esta realidad y subraya la urgencia de racionalizar el gasto.
Otro punto abordado fue el excesivo tiempo que tardan los estudiantes en titularse, lo que, según el subsecretario, es un problema complejo que requiere cambios estructurales a largo plazo. Sin embargo, aseguró que se están dando pasos para avanzar hacia trayectorias académicas más flexibles.
Finalmente, Orellana explicó que trabajan en coordinación con los ministerios del Trabajo y de Ciencia para diseñar instrumentos que permitan a las instituciones de educación superior alinear su oferta académica con las necesidades productivas y las tendencias del mercado laboral. (NP-Perplexity-Emol)
