La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un dictamen que confirma las serias discrepancias contables en el diseño del Financiamiento para la Educación Superior (FES), el mecanismo ideado por el gobierno para reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE). El fallo determina que los recursos del FES deben ser registrados como gasto público y no como un activo financiero, tal como lo había clasificado originalmente la Dirección de Presupuestos (Dipres).
CONTABILIDAD CREATIVA
El dictamen de Contraloría surge a raíz de un oficio presentado por el diputado Miguel Mellado, miembro de la Comisión de Hacienda, que buscaba zanjar si el FES podía ser contabilizado como un activo financiero, como sostenía el Gobierno, o si debía considerarse un gasto al no existir una contraprestación cierta. La CGR resolvió que, «en vista de lo planteado en el proyecto de ley para el funcionamiento del FES, se estima que los recursos que se entregarían no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios».
Esta resolución ratifica las advertencias previas hechas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que ya había señalado en julio los «riesgos significativos» en la interpretación del Gobierno. La clasificación original, impulsada por el Ministerio de Educación (Mineduc) y Hacienda, y validada por la directora de Dipres, Javiera Martínez (FA), consideraba la mayor parte del FES como una operación «bajo la línea». Este registro implicaba que los recursos no afectarían el déficit fiscal del año en curso, permitiendo al Gobierno cumplir con su regla fiscal.
Al ser reclasificado «sobre la línea» (como gasto efectivo), el FES incidirá directamente en el balance fiscal. El dictamen de Contraloría diferencia al FES del actual CAE, el cual sí se puede computar «bajo la línea» como un activo debido a su naturaleza de crédito recuperable.
REACCIÓN DEL GOBIERNO
El dictamen golpea una de las principales promesas de campaña del gobierno del Presidente Gabriel Boric: el fin del CAE y la implementación de un nuevo sistema de financiamiento universitario, proyecto que el Ejecutivo buscaba aprobar antes de finalizar su administración. Políticamente, el foco se ha puesto sobre el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana (FA), principal impulsor e ideólogo del FES, y en la directora de Dipres, Javiera Martínez, por validar la clasificación contable cuestionada.
Pese al fallo, el Gobierno ha manifestado su desacuerdo. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció que presentarán un recurso de reconsideración ante la Contraloría, si bien enfatizó que el organismo no está opinando sobre el mérito del proyecto, sino sobre su clasificación contable. Por su parte, la vocera Camila Vallejo (PC) defendió el proyecto, señalando que «lo que nosotros vamos a defender siempre es que el financiamiento de los estudiantes no esté amarrado siempre a la banca privada», y confirmó que Dipres preparará la fundamentación técnica para el recurso de reconsideración.
FUTURO DEL PROYECTO EN EL CONGRESO
El proyecto de nuevo financiamiento ya fue aprobado por la Cámara de Diputados el 20 de agosto y se encuentra en trámite en el Senado desde el 7 de octubre. Para el próximo 5 de noviembre, el Congreso citó a un seminario con técnicos y expertos, donde se anticipa que el dictamen de Contraloría y las advertencias del CFA dominarán la discusión. Si bien existe un acuerdo transversal en la necesidad de reemplazar el CAE, las dudas sobre los costos reales del FES y la falta de claridad en la información gubernamental han sembrado incertidumbre. El nuevo mecanismo contempla que los estudiantes no pagarán en los primeros años y solo lo harán si superan un umbral de ingresos (cerca de $500.000 mensuales), con un tope de pago del 7% u 8% de su sueldo. De mantenerse el dictamen de Contraloría, el Gobierno se verá obligado a negociar con la oposición para reformular el proyecto y su impacto fiscal.
DIPRES DEFIENDE EN CONTRALORÍA CONTABILIAD DEL FES
La Dirección de Presupuestos (Dipres) ha presentado una solicitud de reconsideración ante la Contraloría General de la República (CGR) para refutar el reciente dictamen que cuestionó la clasificación contable del Financiamiento para la Educación Superior (FES). La Contraloría, en su resolución previa, había determinado que los recursos del FES debían considerarse gasto público («sobre la línea»), con implicancias directas en la deuda pública y el balance fiscal estructural, argumentando que no cumplían las condiciones para ser reconocidos como activos («bajo la línea»).
ARGUMENTOS DE DIPRES APOYADO EN NORMAS FMI
En su solicitud, la Dipres, liderada por Javiera Martínez, sostiene que el diseño del FES sí cumple con las dos condiciones necesarias para ser considerado un activo financiero según la definición del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2014.
Los dos puntos centrales de la defensa de Dipres son:
Origen en una Relación Contractual: La entidad argumenta que los activos financieros deben tener su origen en una relación contractual. Para el FES, esta relación se establece entre el Fisco y los beneficiarios, y queda explícita en el proyecto de ley. Se menciona que el Artículo 9 obliga a los beneficiarios a «suscribir una declaración que exprese su voluntad de someterse a las condiciones establecidas en esta ley y en su reglamento», lo que, a juicio de Dipres, no deja dudas sobre la calidad contractual del beneficio.
Obtención de un Beneficio Económico Futuro Cierto: Dipres asegura que la obtención de un beneficio económico futuro está garantizada. Esto se logra mediante el establecimiento del plazo de la obligación de pago y la claridad en las reglas de determinación del monto para cada beneficiario. El mecanismo confiere la certeza de recaudación al incluir el deber del empleador de retener los montos correspondientes del sueldo.
NATURALEZA DEL ACTIVO
Adicionalmente, la Dipres enfatiza que la naturaleza de activo financiero del FES no depende de su cualidad transable, sino de la certeza de recuperación de los recursos desembolsados.
La entidad puntualiza que el diseño del proyecto de ley garantiza el cobro por parte del Fisco, ya que el derecho de recuperación es cierto, coercitivo y continuo. Este derecho está sustentado en una obligación legal y permanente de pago del beneficiario, respaldada por mecanismos de retención de ingresos por parte de los empleadores y con el apoyo de múltiples entidades de cobranza, como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR). Por lo tanto, Dipres concluye que el FES constituye una inversión recuperable y no un gasto para el Estado. (NP-Gemini-Ex Ante-La Tercera)
