La propuesta del gobierno para crear el nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior (FES), que busca reemplazar el **Crédito con Aval del Estado (CAE), ha generado una división interna en el **Consejo de Rectores (Cruch), poniendo en duda la representatividad de un reciente «Documento de Análisis» enviado al Ministerio de Educación. Aunque el informe fue elaborado por la secretaría general del Cruch y usa membretes oficiales, la falta de consenso entre las 30 universidades que lo componen hace que una parte de los rectores lo considere inválido.
La complejidad del proyecto ha generado posturas disímiles: las 18 universidades estatales se encuentran alineadas con la propuesta, buscando introducir indicaciones en conjunto con el gobierno. A este grupo se suman algunas casas de estudio no estatales, como la U. de Concepción y algunas Católicas (ej. Valparaíso). En contraparte, instituciones como la Pontificia Universidad Católica (PUC), la U. de los Andes y la Diego Portales han mostrado la postura más dura, alertando sobre la amenaza a la autonomía universitaria.
FALTA DE UNANIMIDAD
El conflicto quedó de manifiesto en el Consejo de Rectores de la semana pasada, al que asistieron el ministro Nicolás Cataldo y el subsecretario Víctor Orellana. Si bien se lograron «acuerdos» en ajustes, como señaló la rectora Rosa Devés (U. de Chile), el cuerpo de autoridades no alcanzó la unanimidad en puntos claves, lo que implica que el documento o cualquier declaración del Cruch sobre el proyecto no tiene un respaldo total. Rectores críticos insisten en que «No puede decirse que es Cruch si no nos representa a todos».
Fuentes de universidades disidentes rechazan la «autocomplacencia» y advierten que el proyecto requiere cambios estructurales de fondo, más allá de correcciones superficiales. La principal preocupación radica en la autonomía e independencia académica y financiera de las universidades, más que en un asunto meramente contable. Reflejo de esta tensión es que el rector Juan Carlos de la Llera (PUC) está preparando un informe negativo propio, convirtiéndose en una figura clave con ascendencia directa en el Congreso, algo que el gobierno intenta manejar.
COPAGO Y AUTONOMÍA
Pese a la falta de acuerdo total para votar indicaciones, el «Documento de Análisis» -de más de 20 páginas- sí se presentó al Mineduc, valorando que el FES se haga cargo de la inviabilidad del CAE y valide el mecanismo de retribución contingente al ingreso. Sin embargo, advierte que el proyecto se centra solo en la docencia de pregrado, sin abordar las funciones universitarias integrales.
El informe concluye con 14 propuestas concretas que buscan convertirse en indicaciones del Ejecutivo. Las dos principales son:
Reforzar el Principio de Autonomía Universitaria: Proponer un artículo que reconozca y garantice la autonomía académica, administrativa y financiera.
Facultar un Copago Escalonado: Permitir a las instituciones implementar un esquema de copago con límites: 20% sobre el arancel regulado para el decil 7, 40% para el decil 8 y 60% para el decil 9, dejando el decil 10 sin restricción.
Otras propuestas clave incluyen asegurar el financiamiento sobre la duración nominal de las carreras, fortalecer el financiamiento basal para las universidades del Cruch a $100 millones de dólares anuales, y simplificar las exigencias de gestión y rendición para evitar el aumento de costos. El consenso en estas sugerencias es visto como un avance para no debilitar las propuestas al presentarlas por separado en el Congreso. (NP-Gemini-La Tercera)
