Ese es el precio que el gobierno fijó para implementar la eutanasia en Chile: $1.062.125.000 de pesos el primer año y $862.286.000 para los siguientes, según el Informe Financiero. A nivel individual es bastante menor: cada procedimiento eutanásico costaría $134.780 pesos por persona. Pero, ¿de dónde saldrán los recursos para financiar la eutanasia? ¿Están contemplados en las partidas del Minsal o Tesoro Público del proyecto de ley de Presupuestos 2026? ¿O logran que se apruebe la ley y le dejan el problema de financiarla para el siguiente gobierno?
Así, de aprobarse e implementarse la eutanasia en Chile, al menos 800 millones de pesos serían para financiar su ejecución. El gobierno calcula que serían 240 solicitudes anuales de las cuáles se acogerían 120. Pero cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre la evolución de la eutanasia a nivel comparado sabe que es una pendiente resbaladiza y que año a año aumenta la cantidad de pacientes asesinados por “compasión”. Y si la cantidad de pacientes aumenta, el financiamiento también requerirá una expansión.
¿Acaso estos recursos no podrían tener un mejor destino, como aumentar el presupuesto para capacitar pediatras o perfeccionar servicios de salud mental, entre mil cuestiones más que requieren atención urgente e inmediata?
¿Cuánto más mejoraría la situación de miles de pacientes si esos mil millones de pesos se destinaran a cuidados paliativos (CP)?
Podría contratarse a más equipos multidisciplinarios para atención domiciliaria, incluyendo enfermeras, psicólogos y kinesiólogos, enfocándose en regiones con baja cobertura en CP. También permitiría adquirir más medicamentos e insumos de acuerdo a lo recomendado por la OMS (analgésicos, opioides, bombas de infusión y oxígeno portátil), así como invertir en la compra de más camas paliativas. Se podría ampliar la atención al capacitar a unidades de hospitales rurales o que permita el seguimiento remoto a través de telemedicina. Se estima que la cantidad de pacientes que requerirán de cuidados paliativos en las próximas décadas aumentará casi el doble: de 117.000 pacientes en 2021 a 209.000 en 2050.
Por supuesto, no es un tema de pesos más o pesos menos. Aunque no costara ni un solo peso, la eutanasia seguiría siendo un acto intrínsicamente inmoral.
Pero tampoco puede ignorarse que en las circunstancias económicas a nivel nacional y las necesidades prioritarias a nivel sanitario, la aprobación e instalación de la eutanasia es de una frivolidad y desconexión brutal. ¿Cuántos chilenos sufren en sus regiones por tantas carencias, problemas, atrasos, postergaciones y dolores, y resulta que los senadores que los representan aprueban que fondos multimillonarios se derrochen en leyes que contradicen el sentido común de los chilenos? Algunos dirán que las encuestas reflejan un apoyo mayoritario, pero sería distinto si la pregunta se formulara considerando las necesidades del ámbito de salud según la realidad del distrito y la alternativa de elegir que esos cuantiosos recursos se destinen a solucionarlo o a implementar la eutanasia.
Probablemente, la señora Juanita prefiera que esa plata se destine a comprar remedios, a mejorar el Cesfam que atiende a su hija o tener mejores camas en el hospital regional, y no en financiar que algún día Fonasa le informe que no puede seguir pagando sus tratamientos, pero que la eutanasia, aprobada por el senador que ella votó, cuesta solo $134.780. (El Líbero)
Roberto Astaburuaga
Abogado de Comunidad y Justicia
