El Ministerio del Medio Ambiente, liderado por la ministra Maisa Rojas, ha encendido el debate con la industria al impulsar un decreto que busca otorgar protección legal a 99 sitios considerados de alto valor ecológico, en el marco de la reciente promulgación de la Ley 21.600 o «Ley para la Naturaleza». Estos sitios, que incluyen zonas emblemáticas como la Laguna Santa Elena en Ñuble, hogar del cisne negro, fueron declarados prioritarios con anterioridad y carecían del resguardo que ahora otorga la nueva legislación.
La protección legal busca convertir estas áreas en objeto de instrumentos de conservación de la biodiversidad, estableciendo prohibiciones explícitas como la extracción de flora, la destrucción de nidos y la caza de fauna. No obstante, la normativa excluye de estas restricciones a aquellos proyectos que cuenten con sus permisos ambientales ya aprobados. Este proceso de reconocimiento mediante decreto, que se realiza a través de una consulta ciudadana hasta el 17 de noviembre, es un paso clave para eventualmente transformarlos en áreas protegidas con mayor resguardo regulatorio.
La ambiciosa estrategia forma parte del compromiso nacional con la Convención sobre la Diversidad Biológica y la denominada «Meta 30×30», que busca proteger al menos el 30% del territorio nacional para el año 2030. Los 99 sitios en consulta, que abarcan cerca de cuatro millones de hectáreas, son solo una fracción de los 350 sitios prioritarios que el ministerio busca regularizar en el futuro.
La ofensiva medioambiental ha generado una fuerte reacción en los gremios productivos. La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) ya advirtió que 273 instalaciones mineras se encuentran dentro de los polígonos bajo consulta, comparando la inquietud actual con la incertidumbre que generó el proceso constitucional en 2022. Su presidente, Jorge Riesco, manifestó que la supervivencia de la pequeña minería se encuentra en riesgo.
A las críticas se sumó la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), que mediante una carta en la consulta pública, cuestionó la inexistencia de un reglamento claro para la definición de los sitios prioritarios, advirtiendo sobre un «vicio de nulidad de derecho público» que evalúan impugnar ante Contraloría. El gremio inmobiliario señala que la imposición ex post de la categoría de sitio prioritario sobre terrenos ya calificados como urbanos altera decisiones previas y añade «permisología», dificultando la inversión y el desarrollo habitacional.
En la Región Metropolitana, el proyecto identifica ocho sitios prioritarios, incluyendo el cerro Águilas, amenazado por la expansión agrícola, y el Cordón de Cantillana, reconocido por su alta biodiversidad. También se incluye el Humedal de Batuco, hogar de un 20% de la avifauna chilena, y el Contrafuerte Cordillerano, con una alta riqueza de especies nativas y endémicas.
El exministro de Medio Ambiente Pablo Badenier criticó la metodología del proceso, indicando que el listado de los 99 sitios es desconocido y que la falta de criterios objetivos podría afectar la aceptabilidad del decreto. Pese a la controversia, el subsecretario Maximiliano Proaño defendió la medida, asegurando que «esto no es un freno a la inversión», sino que entregará «mayores certezas ambientales y territoriales, promoviendo una inversión sostenible». La próxima semana se llevarán a cabo diálogos entre el ministerio y los gremios mineros e inmobiliarios para abordar las inquietudes. (NP-Gemini-La Tercera)
