El Gobierno, a través de la Cámara de Diputados, presentó este viernes un proyecto de ley destinado a robustecer significativamente las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, entidad dirigida por la contralora Dorothy Pérez. Esta iniciativa surge como respuesta directa a casos de irregularidades detectadas en el sector público, como las ausencias injustificadas de funcionarios que viajaban al exterior con licencias médicas.
La contralora Pérez había sido la principal impulsora de la necesidad de dotar a su entidad de mayores atribuciones, citando trabas burocráticas y restricciones legales que obstaculizaban una fiscalización expedita y efectiva.
Si bien existían mociones parlamentarias previas, incluso de bancadas como RN, estas generaban dudas de constitucionalidad al inmiscuirse en facultades exclusivas del Presidente de la República. Para sortear este debate, La Moneda elaboró una nueva propuesta, coordinada entre el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encabezado por la ministra Macarena Lobos, y la propia Contraloría.
Una de las novedades más relevantes del mensaje presidencial es la potestad especial que se otorga a la Contraloría para levantar el secreto bancario de las cuentas institucionales del Estado. A diferencia de la Ley de Inteligencia Financiera —orientada a investigaciones criminales y sospechas de lavado de dinero en cuentas privadas—, esta facultad se aplicaría exclusivamente a las cuentas de los servicios públicos.
En la práctica, la Contraloría podrá solicitar directamente a cualquier institución bancaria o financiera información sobre operaciones o actividades de inversión realizadas por entidades sujetas a su supervisión. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) queda facultada para aplicar sanciones en caso de que estas instituciones incumplan con la entrega de los antecedentes requeridos.
Adicionalmente, los órganos fiscalizados por la Contraloría tendrán la obligación de reportar mensualmente los saldos de todas sus cuentas bancarias institucionales y de depósito. Esta información también deberá estar disponible en caso de inspecciones e investigaciones específicas.
Otro eje central del proyecto es la ampliación de la esfera de fiscalización de la Contraloría para incluir a corporaciones y asociaciones municipales y regionales, transformándolas en órganos sujetos a su control.
Finalmente, la iniciativa refuerza la capacidad de la Contraloría para enfrentar faltas graves de probidad. En caso de constatar una vulneración grave al principio de probidad o un notable abandono de deberes por parte de un alcalde o gobernador regional, el organismo podrá solicitar al Tribunal Electoral Regional o al Tribunal Calificador de Elecciones que determine si corresponde aplicar la remoción en el cargo. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) podrá asumir el patrocinio de este proceso, o en su defecto, la propia Contraloría lo hará.
La ministra Lobos destacó que el proyecto modifica la Ley Orgánica de la Contraloría, recogiendo las propuestas de la contralora Pérez «en la lógica de fortalecer una cuestión que a nosotros nos parece importante, y que desde que llegamos, establecimos en la Estrategia Nacional de Integridad Pública». (NP-Gemini-La Tercera)
