El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió en su informe 2025 sobre la trata de personas que el régimen de Nicolás Maduro continúa siendo el punto de origen de un sistema de explotación que afecta principalmente a mujeres y niñas venezolanas. De acuerdo con el reporte, grupos como el Tren de Aragua ofrecen falsas oportunidades laborales que derivan en redes de trata sexual y laboral en distintos países de Sudamérica, con víctimas que llegan hasta Chile tras un trayecto que incluye Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
El documento señala que Venezuela “no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata ni hace esfuerzos significativos para lograrlo”. Desde 2015, cerca de ocho millones de venezolanos han abandonado su país y más de seis millones se han asentado en distintos puntos de la región, siendo las mujeres y niñas el grupo más vulnerable a la explotación. En los últimos cinco años, víctimas de esta red han sido identificadas en 31 países.
En el tramo colombiano, el Departamento de Estado reportó que el 30% de las víctimas son venezolanas y el resto, colombianas. Ambos grupos son captados bajo promesas de empleo en el negocio de webcams, que genera más de 1.200 millones de dólares anuales y carece de regulación. El informe identifica al Tren de Aragua como una de las organizaciones responsables del reclutamiento y traslado de las víctimas a lo largo de la región.
Ecuador también aparece como un país de tránsito clave. La investigación describe 42 cruces fronterizos no autorizados entre Ecuador y Perú controlados por pandillas y residentes locales, utilizados para el traslado irregular de migrantes. Las autoridades ecuatorianas reconocen que los traficantes usan el país como escala para el envío de víctimas hacia destinos sudamericanos y europeos.
En Perú, los integrantes del Tren de Aragua suelen captar a mujeres y niños venezolanos mediante falsas ofertas de empleo. Luego, recurren a la violencia, amenazas y desplazamientos forzados para someterlos a explotación sexual o extorsión. Una parte significativa de las víctimas permanece en territorio peruano, mientras otra continúa su recorrido hacia el sur del continente.
El informe también apuntó a Bolivia como un punto crítico en la ruta de tránsito hacia Chile. Según el documento, la corrupción y la complicidad de algunos funcionarios dificultan la persecución de las redes delictivas. El país, gobernado actualmente por Luis Arce, figura entre los que “no cumplen con los estándares mínimos” para eliminar el tráfico de personas.
En el caso de Chile, el reporte destaca que el país “cumple completamente con los estándares mínimos” para la eliminación de la trata, aunque advierte una creciente participación de organizaciones transnacionales en delitos de explotación sexual y laboral. Los traficantes, señala el texto, utilizan redes sociales para el reclutamiento y mecanismos de banca digital para ocultar los flujos de dinero vinculados a sus actividades ilícitas.
El fenómeno se concentra especialmente en los pasos fronterizos del norte, como Colchane, en la Región de Tarapacá, donde se espera que el presidente Gabriel Boric encabece esta semana una visita destinada a reforzar el control fronterizo frente al aumento de la migración irregular y el avance de redes criminales transnacionales. (NP-Perplexity-Ex Ante)
