El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ha entregado antecedentes detallados sobre las diligencias realizadas en torno a Bernarda Vera Contardo, quien figura en el listado oficial de detenidos desaparecidos del Informe Rettig, a raíz de un reportaje periodístico que sugiere que la chilena podría estar viva y residiendo en Argentina.
INDAGATORIAS
Las indagatorias del caso se iniciaron en junio de 2024 a solicitud del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. En esa fecha, la Cancillería consultó a la red consular chilena en Argentina para verificar si Vera Contardo figuraba con datos de domicilio, teléfono o correo electrónico. La respuesta, entregada el 7 de agosto de 2024, indicó que «no hay registro de la connacional referida en la red de consulados de Chile en Argentina».
La Cancillería aclaró que sus registros consulares solo incluyen a chilenos que han efectuado trámites en sus representaciones diplomáticas, y que la institución carece de atribuciones para identificar proactivamente a nacionales en el extranjero.
CONFIRMACIÓN DE NACIONALIDAD SUECA
El caso dio un giro en abril de 2025, cuando el Programa de Derechos Humanos solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar gestiones ante el Gobierno de Suecia para determinar si Bernarda Vera había obtenido la nacionalidad en ese país.
Un mes después, las autoridades suecas confirmaron que «sí otorgó la nacionalidad sueca a una persona de nombre Bernarda Vera en calidad de refugiada». Tras esta confirmación, en mayo de 2025, se pidieron antecedentes complementarios sobre las circunstancias y la información personal vinculada a esa nacionalización, datos que fueron enviados a Chile en junio.
Finalmente, en agosto de 2025, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores remitió al Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia antecedentes adicionales obtenidos directamente de la Agencia Tributaria y de Registros Personales de Suecia (Skatteverket).
REPERCUSIONES POLÍTICAS
La revelación del caso de Bernarda Vera ha generado repercusiones políticas, llevando a la UDI a solicitar a la Contraloría que se fiscalice el Plan Nacional de Búsqueda y las reparaciones entregadas a las familias de la afectada. Paralelamente, el partido de oposición pidió que se persiga la responsabilidad del entonces ministro de Justicia, y actual ministro de Seguridad, Luis Cordero. (Cooperativa)
