Este martes comenzó con máxima tensión la demolición de la toma ilegal Calicheros en Quilpué, en los terrenos que fueron usurpados a la familia del empresario asesinado Alejandro Correa. La acción se realiza más de un año después de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenara la demolición para permitir la recuperación del predio privado, tras cinco años de disputas legales.
CRUCE DE ACUSACIONES
La demolición, a cargo de la empresa Río Grande SpA, ha reavivado las críticas entre el Gobierno y la Municipalidad de Quilpué por la tardanza en la ejecución de la orden judicial.
La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, cuestionó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y al Serviu por la «falta de disposición» a actuar, señalando que la Corte fue enfática en agosto de 2024 al dar 30 días para el desalojo, pero que «no se hizo nada» durante nueve meses, sin realizar un catastro ni ofrecer contención a las familias a tiempo.
Por su parte, el delegado provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, negó la «falta de voluntad política», argumentando que la demora se debe a los «tiempos del Estado» para licitaciones y a la complejidad de interpretar un fallo que, según él, utiliza un artículo «bastante especial» que se aplica por primera vez para una demolición.
DESALOJO Y DESPLIEGUE POLICIAL
Las autoridades indicaron que un porcentaje significativo de los pobladores se ha retirado voluntariamente. El delegado Cueto estimó que cerca del 50% al 60% de las personas ya habría abandonado el predio antes del inicio de las faenas.
En el lugar, se desplegaron cerca de 250 funcionarios de Carabineros, incluyendo Control de Orden Público y agentes de diálogo, para asegurar que el proceso se desarrolle de forma pacífica. La capitán Javiera García confirmó que, hasta el momento, la situación ha sido pacífica, sin incidentes violentos, y que se está facilitando a las cerca de 50 personas que aún permanecen en el lugar el retiro de sus pertenencias. La policía mantendrá la presencia en los próximos días para evitar nuevas usurpaciones.
El municipio, en tanto, dispuso un albergue y coordinación con el SAR para cualquier emergencia. Otras instituciones como el Instituto de Derechos Humanos y el Servicio Mejor Niñez también están presentes. (NP-Gemini-Emol)
