Hoy martes 30 de septiembre el gobierno ingresó la Ley de Presupuestos 2026 la que debe ser aprobada por el Congreso. Los lineamientos del gasto expansivo del gobierno fueron presentados al comité político por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, anticipando el gran debate entre responsabilidad fiscal y resguardo de las prioridades sociales. Esta ley de presupuestos se presenta en un ambiente país cansado del derroche y el malgasto de los recursos públicos que ha quedado evidenciado desde acciones de la Contraloría.
A esta situación abusiva y escandalosa se le suma una autoridad fiscal desgastada y que ha perdido credibilidad por su falta de trasparencia y prudencia. El organismo técnico, siempre profesional, se volvió ideológico y con eso perdimos la confianza esencial para pensar en un Chile serio. De hecho, en el último informe trimestral del Consejo Fiscal Autónomo sobre el Balance Estructural y el prudente nivel de deuda alertó de la necesidad de adoptar medidas para corregir la trayectoria de déficits persistentes y aumento de la deuda país desde 2008. Agregó que, frente a los nuevos antecedentes entregados por la Dipres, se evidenció que los riesgos fiscales se materializaron, habrá un desvío de la meta de Balance Estructural. O sea, se gastará más de lo presupuestado. Hay discrepancias entre las metas fiscales establecidas por el Ejecutivo y sus proyecciones. La ley de Responsabilidad Fiscal obliga al Ejecutivo cuando incumple sus metas anuales establecidas al inicio del mandato, a presentar un plan de mitigación para lograr el ajuste. A pesar de eso, se incumpliría la meta. La deuda es incluso mayor que lo establecido ya que no suma la deuda de las empresas fiscales.
Es por lo anterior, que la tramitación de la ley de presupuestos no ha estado ausente de polémica. La semana pasada la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei acusó al gobierno de no trasparentar el real déficit fiscal y estableció que ante la falta de claridad en este aspecto sería irresponsable aprobar la nueva ley de presupuesto para 2026. Agregó que se habla de postergación de pagos a empresas constructoras vía postergación de facturación para así dejar esos pagos para el otro gobierno. Básicamente la acción de “chutear” los pagos para que “caigan” en el próximo gobierno. La ley obliga al Estado a pagar a 30 días una vez facturado, por lo que, si se retrasa la facturación, también se retrasa el pago. Si no se factura no tenemos noción real de la deuda del Estado. Esta situación ha generado dudas, por lo que se levanta la amenaza de un potencial rechazo de la partida presupuestaria 2026 de parte del Congreso. Esto no sería la primera vez que sucede en Chile. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejos, llamó a “cuidar el tono es esta conversación, porque estamos hablando de la ley más importante que debate el Congreso Nacional”.
Hay un punto esencial que devela esta compleja situación, “las cuentas no son creíbles”. Siempre en Chile la autoridad fiscal era un ejemplo de rigurosidad, profesionalismo y trasparencia. Hoy ya no es así. Se ha perdido la confianza en la autoridad financiera y en la Dirección de Presupuestos. Parece ser que “ los números no les cuadran” y sus “acciones los delatan”.
La directora de Presupuesto Javiera Martínez ha dado que desear. Ha cometido muchos errores y a pesar de eso ha sido defendida irracionalmente en su cargo. El exministro de hacienda, Mario Marcel, no fue prudente ni riguroso y hoy se fue, tal vez para no tener que enfrentar estas cuentas. El nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, pertenecía al “lote refundador de Chile” a los que tenían “verborrea incendiaria” en Twitter. Al asumir su amigo Gabriel Boric como Presidente, fue nombrado en la cartera de Economía. Su labor en el ministerio había sido altamente cuestionada por su falta de rigor y malas cuñas. Hoy cae en Hacienda para “arreglar lo imposible”.
Se perdió la confianza, lo que es muy difícil recuperar. La única institución confiable que queda, debido a su autonomía y nivel técnico, es el Banco Central. Pero el gobierno lo ha golpeado. El informe del BC sobre la clara y evidente relación en el aumento del desempleo país con las leyes laborales aprobadas en el actual gobierno (40 horas, el aumento de cotización) no les gustó. El informe indeseable para el gobierno ha sido desacreditado desde la autoridad nacional. Es la idea que frente al mal mensaje debes “matar” al mensajero. El problema es que, debido a esto, no hay en quien confiar en materia fiscal. Y es entonces cuando suenan en la mente las frases de la candidata de Chile Vamos: “si no son creíbles (…) este país se ha vuelto cada vez más bananero”. Además, enfatizó que “todas las cifras fiscales que estamos conociendo son mentirosas, Porque la deuda, de verdad, es mucho mayor que la que están reconociendo”. Eso que dice la candidata es lo que muchos en Chile tienen más que claro, por tanto, la fiscalización del legislativo a la partida presupuestaria 2026 que hoy se propone es justa y necesaria por el bien de Chile. Las cuentas no son creíbles y el legislativo deberá cumplir su labor fiscalizadora. (El Líbero)
Magdalena Merbilháa
