El 12 de enero de 2024, un hombre en bicicleta lanzó al exterior de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago panfletos que la calificaban como un “centro de tortura y exterminio con régimen de aislamiento ilegal”. Los papeles incluían imágenes con cruces rojas del entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, del exdirector de Gendarmería Sebastián Urra y de la exalcaide Fabiola Valladares, acusándolos de autorizar “el verdadero crimen organizado”.
Gendarmería presentó una denuncia por amenazas, y tras una investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur liderada por el fiscal Claudio Orellana, se logró identificar y detener a César Pizarro Pizarro, de 44 años, con antecedentes por hurto y amenazas. Pizarro, director de la ONG 81 Razones por Luchar, que agrupa a familiares de internos fallecidos en el incendio de la Cárcel de San Miguel en 2010, fue formalizado el 26 de junio de 2024 por tres delitos de amenazas.
El pasado 25 de septiembre, Pizarro fue condenado en un juicio abreviado por atentado contra la autoridad y amenazas a dos integrantes de Gendarmería, recibiendo una pena de 541 días de prisión con remisión condicional y sujeto a control y asistencia del Centro de Reinserción Social de Gendarmería. Se advirtió que si incumple esta condena, deberá cumplir la pena privativa de libertad íntegramente.
Pizarro es una figura conocida en el ámbito penitenciario, con un activismo “anti-karcelario” y posiciones controversiales, incluyendo haber sido candidato a constituyente y su rechazo a la vacunación contra el Covid-19. Su activismo y críticas al sistema carcelario se reflejan en sus redes sociales y su rol en la ONG que representa a familiares de víctimas del incendio en la cárcel.
El Ministerio de Seguridad valoró la resolución judicial, calificándola como una señal firme para perseguir y sancionar amenazas de muerte contra autoridades. Esta causa marca un precedente en la lucha contra el hostigamiento dirigido a funcionarios públicos dentro del sistema penitenciario chileno. (NP-Perplexity-La Tercera)
