Familia Correa pedirá «ley de usurpaciones» si se intenta evitar desalojo de...

Familia Correa pedirá «ley de usurpaciones» si se intenta evitar desalojo de toma

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La demolición de la toma «Calicheros» en Quilpué, ubicada en terrenos de la familia de Alejandro Correa, ha sido postergada debido a la reciente adjudicación de la licitación para los trabajos. Si bien la fecha límite para el desalojo era este lunes 30 de septiembre de 2025, según una orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el proceso ha sufrido un retraso, generando incertidumbre en la familia afectada.

El Ministerio de Vivienda había dispuesto cerca de $88 millones para encomendar al Serviu regional el desalojo y posterior demolición de las 150 viviendas irregulares. A pesar de que el proceso de licitación pública estaba programado para principios de mes, la adjudicación de la empresa encargada se concretó apenas ayer, lo que ha provocado el aplazamiento de las operaciones. En paralelo, el Serviu extendió el plazo para el catastro de las familias hasta hoy, 25 de septiembre.

Ante el panorama de incertidumbre, la abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, ha solicitado una audiencia con el fiscal nacional, Ángel Valencia, con el propósito de que designe un fiscal exclusivo que supervise el desalojo. La petición se fundamenta en la preocupación de que se produzcan eventuales resistencias. Bruna ha señalado que el abogado de los ocupantes, Rodrigo Valdés, los ha incentivado a permanecer en el lugar, por lo que buscará que se aplique la Ley de Usurpaciones para detener en flagrancia a quienes intenten impedir el desalojo.

Bruna ha sido crítica con la respuesta de las instituciones, señalando que el Serviu no ha actuado con la diligencia esperada a pesar de su obligación legal. Por otro lado, la abogada ha destacado el trabajo realizado por la alcaldesa de Quilpué, quien ha coordinado de manera eficiente el catastro de las familias. Finalmente, la abogada ha lamentado la aparente ausencia del Ministerio de Desarrollo Social en la entrega de ayudas sociales para los ocupantes, pese a su responsabilidad de hacerlo. A pesar de los retrasos y preocupaciones, la familia Correa confía en que las familias se retiren de manera voluntaria y que la demolición se concrete sin mayores problemas. (NP-Gemini-Emol)