El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región de Valparaíso recibió seis ofertas de empresas privadas para encargarse de la demolición del asentamiento ilegal que usurpadores levantaron en los terrenos de propiedad de la familia Correa en Quilpué.
La repartición aceptó las propuestas de cinco de ellas, cuyos montos van desde los $131 millones a $188 millones.
La abogada de la familia afectada, Jeanette Bruna, señaló que, según el cronograma que la autoridad le había anticipado, ayer debía definirse la adjudicataria, lo que al final no ocurrió. Lea la nota completa en la nueva edición de El Mercurio. (Emol)
