A 76 días de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González (DC), cuya hija ha denunciado un posible “femicidio político”, el clima de inseguridad entre autoridades comunales se agudiza. Según la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), en lo que va de 2024 se han registrado siete amenazas de muerte contra concejales, cifra muy superior a los dos casos de 2023.
Las intimidaciones se concentran en ediles que denuncian irregularidades o fiscalizan patentes ligadas a barberías, botillerías y malls chinos, negocios sospechados de funcionar como fachadas para narcotráfico y casinos clandestinos. En algunos casos, ha sido necesaria protección policial, mientras que otros concejales han optado por bajar su perfil o abandonar la fiscalización tras recibir mensajes directos, seguimientos e incluso amenazas en persona.
“Hoy los concejales estamos en la primera línea del Estado. El aumento de amenazas refleja la presión de grupos que buscan frenar la fiscalización”, advirtió Cristóbal Escobar, presidente nacional de concejales de la AChM.
Los testimonios son alarmantes: un edil de San Bernardo relató que debió cotizar chalecos antibalas tras recibir mensajes por Instagram como “te vamos a mandar a los sicarios”; en Lampa, un concejal abandonó la fiscalización de “narcobarberías” luego de recibir amenazas de muerte en plena calle; en Lo Espejo y La Cisterna, concejales fueron hostigados por sujetos vinculados al narcotráfico.
La AChM denuncia que, a diferencia de otras autoridades, los concejales carecen de protocolos de resguardo y exige al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública establecer medidas urgentes de protección. “La seguridad no es solo tarea del Gobierno Central; municipios y concejales vemos a diario cómo el crimen organizado penetra los barrios”, recalcó Escobar.
El gremio busca una agenda pro-seguridad para concejales, ante el temor de que el vacío de protección siga debilitando la labor fiscalizadora en municipios donde el crimen organizado gana terreno. (NP-Bio Bio-GPT)
