La Subsecretaría de Educación Superior pidió a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país que informaran las remuneraciones de su personal directivo y académico, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuestos 2025. La medida, que generó molestia en parte del mundo universitario, surge tras las críticas que en 2024 provocó la revelación del sueldo de 17 millones de pesos que recibía la exministra Marcela Cubillos como docente de la Universidad San Sebastián.
El subsecretario Víctor Orellana envió la orden el 30 de julio, con plazo hasta el 5 de agosto, luego extendido hasta el 12. El requerimiento se fundamenta en las glosas N°21 y N°22 que regulan el destino de recursos estatales transferidos a instituciones de educación superior, incluidos fondos para gratuidad, becas e investigación.
Según el balance de la subsecretaría, hasta el 18 de agosto se recibieron respuestas de 32 instituciones, entre ellas las 12 universidades privadas del Consejo de Rectores y otras 20 universidades no pertenecientes al CRUCh. Sin embargo, la calidad de la información fue dispareja
- 30 instituciones entregaron lo solicitado por la glosa 21 (sueldos sobre $8 millones en cargos de planta, contrata u honorarios).
- 17 instituciones remitieron datos correspondientes a la glosa 22, de ellas 5 solo lo hicieron parcialmente.
- 2 universidades (Católica de Valparaíso y Mayor) respondieron al oficio, pero sin entregar información de ninguna glosa.
- 3 universidades (Bolivariana, de Aconcagua y La República) no contestaron el requerimiento.
- ARGUMENTOS
Algunas universidades calificaron la solicitud como “absurda”, acusando un “afán regulatorio” del ministerio y advirtieron posibles conflictos con la Ley de Protección de Datos Personales.
La Universidad Mayor, por ejemplo, argumentó que no tenía personal que superara el umbral de $8 millones señalado por la glosa 21 y rechazó la aplicación de la glosa 22, alegando que la obligación es del Mineduc hacia el Congreso, no de las instituciones hacia el Ejecutivo.
QUÉ DICEN LAS GLOSAS
Glosa 21: obliga a instituciones que reciben aportes fiscales a entregar semestralmente la nómina anonimizada de académicos y directivos con ingresos superiores a $8 millones mensuales.
Glosa 22: establece que el Mineduc debe informar al Congreso los detalles de remuneraciones de docentes e investigadores de todas las instituciones de educación superior.
Las universidades estatales quedan exentas, pues ya publican la información en portales de transparencia activa.
SIN SANCIONES PREVISTAS
Pese a la disparidad en la entrega de datos, en la subsecretaría señalaron que no habrá sanciones. Su rol será sistematizar la información y reportarla al Congreso en los plazos correspondientes, ya que las comisiones de Presupuestos y Educación de la Cámara de Diputados son los destinatarios finales del detalle de remuneraciones.
