Me he enterado de que del caso de licencias médicas falsas usadas por funcionarios públicos para viajar al extranjero ha surgido una nueva arista, porque la Contraloría General de la República no descansa.
Se debe recordar que hace más de dos meses el organismo determinó que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país pese a estar con licencia médica. De los 571 funcionarios, no existe ningún Ministro o Fiscal de la Corte Suprema. Respecto del resto del escalafón primario, se detectaron 4 Ministros y 1 Fiscal Judicial de Cortes de Apelaciones y 84 jueces de diversas competencias, lo que hace un total de 89 implicados. El Poder Judicial consta de 13.574 integrantes.
¿Por qué hago esta operación matemática? Lo explico más adelante. ¿Cómo se supo de esta nueva “arista”? Lo que sucede es que las primeras indagatorias que entregaron resultados que nos escandalizaron, corresponden a quienes imponen en Fonasa o Isapres.
Entonces las indagatorias se dirigieron a Capredena (Caja de Previsión de la Defensa Nacional) y Dipreca (Dirección de Previsión de Carabineros) y de allí la Contraloría obtuvo los datos y cifras que ahora conocemos. Así, el 14° Consolidado de Información de la Contraloría reveló que del total de funcionarios que salieron del país con licencias “truchas” llegaron a 2.982 los afiliados a esas instituciones previsionales.
El informe contralor escaló hasta las máximas autoridades de las instituciones involucradas y Carabineros dijo que los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía de Alta Complejidad. La Armada admitió que 74 casos son de su personal.
Las cifras y las medidas anunciadas ya son de público conocimiento, pero quiero escribir caminando —quizás contra la corriente y sin entrar en una defensa cerrada de los implicados— teniendo una mirada más amplia pero sin desconocer la gravedad de lo sucedido.
En justicia y rigor, los implicados pertenecen a grupos que perpetraron estas ilegalidades que deberán enfrentar a la justicia y en su afán mezquino no pensaron que con su actuar estaban dañando a las instituciones a las que pertenecen: la magistratura, Carabineros, los empleados públicos y los efectivos de las FF.AA.
Pero me quiero detener en un aspecto importante. Todos aquellos que han hecho un trabajo digno y respetuoso de las leyes quedan opacados por las acciones punibles de estos grupos. Creo con seguridad que hay jueces que cumplen sus labores apegados al estricto derecho; empleados públicos que cumplen rigurosamente con las tareas que se les han encomendado, como también la rectitud de los soldados que prestaron el juramento ante la bandera y los Carabineros que hemos visto actuando en situaciones de
emergencia, pero igual, todos ellos, quedan salpicados por el accionar de esos grupos y ganan un lugar en los titulares.
Cuando un reportero ha cometido una falta se exclama ¡los periodistas!
Escribo lo anterior porque en Chile tendemos a generalizar. Se conoce de 500 efectivos del Ejército y se dice “el Ejército”; se dice que son 30 jueces en el tema de las licencias médicas falsas y se exclama “los jueces” o “los tribunales”. La Junji fue detectada como la institución que más funcionarios usaron el truco de las licencias médicas para viajar. Sin embargo, en ese organismo debe haber centenares de empleados de conducta intachable. Pero, como ya escribí antes, el daño ya está hecho y es difícil recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, pero digo que es difícil, mas no imposible, y los chilenos enfrentamos los imposibles a menudo con éxito.
Si consideramos el detalle de los informes de la Contraloría, todo hace luces respecto de que todas estas faltas o irregularidades, quizás delitos (esto lo debe determinar la justicia) son de larga data, es decir, se han cometido a través de los años. ¿Acaso nadie se percató de aquello? ¿Ningún jefe de sección se dio cuenta de que si tal empleado no iba a trabajar porque tenía licencia médica, estaba de viaje por el extranjero? ¿Es que acaso hay poquísima o quizás nula fiscalización sobre una materia tan delicada como esta en que se estaba cometiendo una ilegalidad? Todo indica que era solo cuestión de extender una licencia ante el jefe directo y…ya. ¿Por qué no se hizo una anterior fiscalización? ¿Se daría en este caso culpabilidades por omisión u omisión impropia?
A estas alturas y tras conocer los informes, me surge una pregunta muy personal que quizás la ciudadanía también se ha hecho. El trabajo fiscalizador que ha estado desarrollando la Contralora Dorothy Pérez es notable. Notable, sin lugar a dudas. Destapó innumerables irregularidades y sigue trabajando, pero ¿recuerdan cuánto debió batallar para llegar a este puesto? (Red NP)
Marcos Borcoski
