El ministerio de Justicia, Poder Judicial y Fiscalía Nacional anunciaron una mesa de trabajo para revisar los protocolos y comunicación entre las diferentes instituciones, tras liberación del sicario Osmar Alexander Ferrer Ramírez, quien se encontraba en prisión preventiva por el homicidio de un comerciante del barrio Meiggs.
En la ocasión, las autoridades además se refirieron a los oficios que habrían permitido la liberación de este sicario, señalando que “aquella orden que dispone, entre comillas, la libertad era para corregir una resolución anterior”.
Según explicó la presidenta (s) de la Corte Suprema, “efectivamente el día 9 de julio a las 20.17 horas se dispuso el ingreso a prisión preventiva”, agregando que “A las 20.25, ese mismo día, se corrigió lo que dice relación con el nombre y el DNI de esta persona y a las 20.28 efectivamente se emitió una nueva orden de ingreso a este imputado a prisión preventiva”.
De acuerdo a lo que agregó, “el día 10 de julio a las 12:11 se comunicó la primera resolución, aquella que había corregido lo anterior y dejado en libertad. Pero a las 14:13 del mismo día se comunicó por correo electrónico a Gendarmería de Chile la orden que dispuso a prisión preventiva que está plenamente vigente”.
Respecto a por qué no se tomó en cuenta la última resolución, según explicó el ministro de Justicia, “eso es algo que está en investigación, es parte del proceso de investigación, ya sea por qué se emiten estas resoluciones que dejan sin efecto y que disponen la prisión preventiva, y eso es algo que se va a determinar tanto administrativa como penalmente».
“Efectivamente aquella orden que dispone, entre comillas, la libertad era para corregir una resolución anterior que había dispuesto la prisión preventiva tanto en el nombre de la persona imputada como del DNI de él, porque es un ciudadano venezolano”, detalló la presidenta (s) de la Corte Suprema.
MESA DE TRABAJO
Tras el encuentro, la presidenta (s) de la Corte Suprema, apuntó que “para abordar la situación concreta que ocurrió en este caso y también para evitar futuras hechos similares se dispuso conformar una instancia técnica con el ministerio de Justicia, con el fiscal nacional y con el Poder Judicial”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que “esta reunión se lleva a cabo precisamente porque los hechos son gravísimos, son hechos que no pueden ocurrir en nuestro sistema de justicia y por lo mismo tienen que investigarse para determinar el origen de los mismos”.
Cabe recordar que ya se iniciaron investigaciones administrativas y penales para esclarecer el hecho.
Según agregó Gajardo, “vamos a formar una instancia de trabajo que nos permita enfrentar el desafío que es de comunicación entre los distintos órganos para que se tomen todas las medidas en los casos de crimen organizado y podamos tener mejores medidas de control en este tipo de situaciones”.
Además, de acuerdo a lo que explicó “se va a disponer de esta mesa de trabajo con el efecto de perfeccionar nuestros sistemas de control en las distintas instancias y tener mejores mecanismos para combatir el crimen organizado”.
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia mencionó que “acá van a haber tres acciones, una investigación que es propia del Poder Judicial, que es una investigación interna, una investigación penal, que hoy día se encuentra con un fiscal regional del Ministerio Público (…) Pero junto con lo anterior, tanto o más importante, es también lo que acaba de señalar la señora Presidenta de esta Excelentísima Corte y el señor Ministro de Justicia, en orden a que se van a revisar todos los protocolos y todos los procesos de trabajo sobre chequeo, contrachequeo, revisión de las órdenes que disponen la prisión preventiva y las libertades de imputados que está en una situación de especial peligrosidad”.
“Nosotros vamos a participar de ese proceso de trabajo, por supuesto vamos a aportar toda la información que está disponible para poder contribuir a que ese proceso se perfeccione y que esté a la altura de los desafíos que hoy día enfrentamos como país”, apuntó.
COMISIÓN ESPECIAL EN LA CÁMARA
Tras la liberación del sicario venezolano Osmar Alexander Ferrer Ramírez, la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados tendrá una sesión especial el lunes de la próxima semana.
Así lo transmitió el presidente de esa instancia, el diputado Cristián Araya (republicano). A ese espacio, citará al líder de la Corte Suprema, Ricardo Blanco; al Ministerio Público, a Gendarmería y al ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
“Esperamos que nos vengan a dar cuenta sobre el actuar de lo que hemos tenido conocimiento en las últimas horas, sobre los hechos en particular y sobre las medidas que se van a adoptar para esclarecer lo ocurrido y las responsabilidades correspondientes”, aseveró el diputado Araya.
Luego, criticó: “Liberar un asesino, un sicario, como ha sido de conocimiento en las últimas horas, es una situación gravísima”.
Con todo, la comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, que es presidida por el republicano Stephan Schubert, también abordará el caso.
UDI EVALÚA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA MINISTRO
A propósito de la liberación del sicario venezolano de Meiggs, el diputado Jorge Alessandri (UDI) dio a conocer que desde el equipo investigativo de su partido están indagando “si es que hay responsabilidad política” del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en el caso.
“Desde que se supo esta liberación del sicario, el equipo investigativo de la bancada de la UDI y el propio de nuestra diputación ha podido determinar muchos antecedentes muy relevantes. Hay una cadena de correos electrónicos con minutos de diferencia que podría apuntar al culpable”, comenzó diciendo el gremialista desde el Congreso.
“Existe una audiencia de cinco horas de duración, con prensa presente, con gendarmes presentes y al final de esa audiencia, que termina a las 20.13 minutos del 9 de julio, se manda a las 20.17 un correo a la Gendarmería señalando que estas personas, los tres imputados, debían ingresar a prisión preventiva”, continuó.
“Siete minutos después, a las 20.25, se manda otro correo dejando sin efecto la orden anterior, diciendo que había un problema para identificar a uno de los imputados. Y, tres minutos después, a las 20.28, otro correo emanado del juzgado de garantía, por supuesto con firma digital, real, no alterado, da la orden nuevamente de que ese imputado debe pasar a prisión preventiva”, siguió.
“En esos tres minutos, Gendarmería tiene que explicarnos exactamente qué ocurrió ¿Por qué gendarmería hizo caso al primer correo electrónico y no al segundo? ¿Por qué gendarmería si tenía oficiales presentes en la audiencia?“, cuestionó.
Dicho eso, afirmó que “aquí además hay un problema grave del Registro Civil, por eso sale el primer correo que dice que hay problemas con la identificación porque el Registro Civil se había demorado en asignarle un RUT provisorio”.
En ese sentido, advirtió que dado que “las dos instituciones que estarían fallando aquí, Gendarmería y Registro Civil, dependen del ministro de Justicia”, los equipos legales e investigativos de la bancada “están estudiando este caso para llegar a las últimas consecuencias, pero también están investigando si es que hay responsabilidad política del señor ministro de Justicia para estudiar una acusación constitucional”. (La Tercera)
