En un documento de 21 páginas y en completo sigilo, los últimos días de febrero pasado el fiscal adjunto de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, Ricardo Soto Molina, se dirigió al Séptimo Juzgado de Garantía para solicitar permiso para una medida inédita: incautar al mismo tiempo el teléfono de tres altas autoridades en ejercicio involucradas en la fallida compra de la casa que perteneció al expresidente Salvador Allende.
Por esos días, la senadora Isabel Allende (PS); la ministra de Defensa, Maya Fernández -ambas dueñas de un porcentaje de la propiedad- (PS), y el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, todavía estaban en pleno ejercicio de sus cargos. Días más tarde, Fernández y Crispi renunciarían a sus funciones, y la Allende sería destituida por el Tribunal Constitucional.
Además de las mencionadas autoridades, la solicitud de Soto también pidió incautar los teléfonos del abogado de la familia Allende, Felipe Vio Lyon; del jefe de seguimiento de políticas públicas de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Leonardo Moreno Nuñez; y de la sectorialista del área de Defensa, Cultura y Bienes Nacionales de la misma cartera, Bernardita Nazar Díaz.
ARGUMENTOS DEL FISCAL
En el requerimiento el persecutor partió asegurando que Allende y Fernández, “infringiendo la prohibición constitucional y legal de contratar con el Estado en virtud de sus cargos, habrían obtenido un beneficio económico mediante la extensión en su favor, de dos cheques por un monto total que asciende a $155.524.579.- y $311.049.158.-, respectivamente”.
Luego, Soto hace mención a la declaración entregada ante la Fiscalía por Francisca Moya Marchi, jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, debido a “la premura para solicitar la premura de estos decretos” desde el Ministerio de Bienes Nacionales, los documentos fueron revisados inicialmente por Lucas Vera, quien a la fecha sólo era egresado en derecho y no había jurado ante la Corte Suprema para convertirse en abogado.
Además, el fiscal argumentó que los antecedentes entregados por Nélida Pozo Kudo, Directora Nacional del Servicio de Patrimonio Cultural, relativos al aumento presupuestario de la cartera para asumir la compra de la casa, así como los contactos que la funcionaria tuvo con Felipe Vio y Genaro Cuadros, director de la Fundación Salvador Allende, darían cuenta de las presiones ejercidas por la familia Allende para concretar la venta de la casa al fisco.
“Se torna sospechoso y justifica la necesidad de la medida, que conforme a los antecedentes que se exponen, ambas autoridades Ministra Fernández y Senadora Allende, no sólo intervienen en las tratativas de venta, directamente en el caso de esta última, sino que a través de persona interpuesta, como en el caso del mandatario especialmente facultado para ello, Felipe Vio Lyon, con quién además ambas mantienen un vínculo familiar por ser actual pareja de Marcia Tambutti Allende, hija de la senadora», sostuvo el fiscal Soto al tribunal.
LA AFINIDAD POLÍTICA
A lo anterior, la fiscalía agregó también otra declaración como antecedentes. Se trata del testimonio de José Cortés Vega, asesor de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultura, quien relató que fueron Vio y Cuadros quienes le hicieron entrega de un proyecto para la compraventa de la casa de Allende “proponiendo un modelo de gestión, que involucre a la Fundación Salvador Allende (FSA), que recibiría en comodato de parte del Fisco” la propiedad.
Además, Cortés relató que en una visita efectuada a la propiedad a fines de mayo de 2024 fueron recibidos por la misma senadora Allende y su abogado, Felipe Vio. Y también, que en julio de ese año se realizó una reunión en el Palacio de La Moneda donde se le informa “dando motivos no muy específicos” que la compra debía ser realizada por el Ministerio de Bienes Nacionales.
Para el fiscal, todo lo anterior se reforzaba si se consideraba que “cobra especial relevancia, la clara existencia de vínculos o afinidades políticas entre los funcionarios que participan en el proceso de gestación del Decreto Supremo respectivo las personas que forman parte de la comunidad vendedora”.
Otro de los puntos en los que Soto puso énfasis, fue en el alza de precio que tuvo la vivienda y que como dio a conocer La Tercera en marzo pasado, subió de $828 millones a $922 millones en sólo dos semanas.
INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA
El último antecedente entregado por Soto en su requerimiento, fue la interceptación telefónica realizada a Miguel Crispi en en marco del Caso ProCultura -revelada ayer por La Tercera– y que fue autorizada en noviembre pasado por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
En ella, a juicio del fiscal, “se corroboraría la efectiva intervención e influencia ejercida por la senadora Isabel Allende, la ministra de Defensa Maya Fernández y el abogado Felipe Vio respecto de otros funcionarios públicos que forman parte del gobierno”.
“Es revelador lo indicado por Miguel Crispi a su interlocutora a quién le señala textualmente refiriéndose a la senadora: “Si bueno, ella tiene mucha responsabilidad en esto, mucha” preguntando su interlocutora: “¿Ella lo pidió?”, respondiendo: “ósea, llamó hasta al portero del Ministerio Webiando, webiando, webiando, que se haga, que se haga, que se haga, que se haga así, que se haga así, tiene mucha responsabilidad y el abogado de la familia Allende”, transcribió el persecutor en su requerimiento.
Por último, la solicitud señala que la mamá de Crispi respondió “qué increíble”, a lo que el ex jefe de asesores de La Moneda retrucó “sí y la Maya, ósea yo creo que es una familia totalmente incompetente”.
Para Soto, dice el escrito, los antecedentes para investigar la compra “no están documentados o publicados y que, generalmente, se encuentran en conversaciones privadas, lo que nos obliga a indagar en una esfera más personal de los sujetos involucrados, en conversaciones que no se encuentran si no generalmente en sus teléfonos celulares, en correos personales, antecedentes a los cuales no se puede acceder si no a través de las diligencias que se solicitan en este escrito a SS.”
Finalmente, el 27 de febrero pasado, el juez el juez Cristian Azócar Carmona del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago consideró que los antecedentes presentados por el Ministerio Público no eran suficientes y no accedió a la incautación de los equipos electrónicos requeridos.
ARGUMENTOS DEL JUEZ
“No ha lugar” fue la respuesta con la que el juez Azócar rechazó el requerimiento de Soto. Pero además, Azócar rebatió uno a uno los argumentos planteados por el fiscal adjunto de Coquimbo en su requerimiento.
“Con los antecedentes invocados por el Ministerio Público no se avizora por este sentenciador que haya existido algún tipo de influencia por parte de los encartados que dé cuenta de algún tipo de aprovechamiento o prevalimiento de su función, relación jerárquica o personal con el empleado que debe adoptar la decisión, en este caso, S.E. el Presidente de la República”, dictaminó el magistrado.
Además, Azócar argumentó que de los antecedentes presentados por el fiscal se puede concluir que “la decisión de acelerar el proceso y la alteración de la partida presupuestaria hacia el Ministerio de Bienes Nacionales se produce por instrucción del Jefe de Estado en cuanto a fin primordial de su mandato”.
El magistrado también se detuvo a analizar las actuaciones de la exsenadora Allende y la exministra Fernández en el proceso: “no existen antecedentes suficientes que den cuenta de particular intervención en el hecho, toda vez que únicamente se ha indicado por parte del Ministerio Público la llamada telefónica efectuada por el Sr. Crispi, que la designa como una incompetente y de las eventuales presiones que habría ejercido la senadora Allende sobre la cartera de Bienes Nacionales”.
Además, el juez Azócar sostuvo que según la doctrina para configurar el supuesto tráfico de influencias, “dicha influencia debe estar circunscrita en relación al cargo que ejerce, su jerarquía o relación personal con dicha cartera, cuestiones que en virtud de la separación de funciones del Estado es posible descartar en esta etapa procesal”, por tratarse en caso de Isabel Allende, de una senadora.
Más aún, sostuvo el magistrado, “cuando la intervención de estas mismas resulta inevitable respecto de la orden presidencial por ser las comuneras de la comunidad hereditaria del Presidente Salvador Allende Gossens”. Azócar también descartó que los “vínculos de afinidad política” entre los involucrados en el proceso hagan presumible su participación en algún delito.
Por último, con respecto al aumento de valor de la vivienda que como dio a conocer La Tercera en marzo pasado, subió de $828 millones a $922 millones en sólo dos semanas, el juez Azócar dictaminó que “los antecedentes aportados no dan cuenta de eventuales presiones indebidas respecto del avalúo del inmueble, toda vez que el envío de un escrito a fin de oponer objeciones respecto del precio de tasación y avalúo de este no puede estimarse per se como tal, tratándose de una petición dentro de los márgenes permitidos al vendedor en todo proceso de compra, inclusive en la expropiación». (La Tercera)
