La noche del lunes 22, el ministro del Interior, Jorge Burgos, junto al presidente de la DC, Jorge Pizarro, llegaron hasta el departamento del canciller Heraldo Muñoz, en Las Condes.
El titular de Relaciones Exteriores los esperaba acompañado por un selecto grupo de sus correligionarios, encabezado por el timonel del PPD, Jaime Quintana, y los senadores de ese partido Guido Girardi y Ricardo Lagos Weber.
La cita había sido gestionada por el propio Muñoz, con un claro propósito: generar un acercamiento entre el nuevo jefe de gabinete de Michelle Bachelet y el líder del PPD, quienes no sólo no mantienen una buena relación, sino que, además, han sostenido públicos enfrentamientos.
No fue por casualidad que uno de los primeros roces protagonizados por Burgos al momento de suceder a Rodrigo Peñailillo en la cartera de Interior haya sido precisamente con Quintana.
“No me gustan las retroexcavadoras, porque andan para atrás y creo que este país necesita ir para adelante”, comentó el personero DC a poco más de 24 horas de asumir su cargo. Y la réplica no se hizo esperar. “Aquí no hay espacios para solistas, hay una partitura muy clara que la da la Presidenta, que es un gobierno de reformas, y hasta donde yo sé, no hay marcha atrás. Hemos sido claros, la política de consensos no está de vuelta”, sentenció Quintana.
La polémica entre ambos estaba llena de simbolismos y no pocos la interpretaron como una temprana medición de fuerzas entre el sector que asumió la hegemonía en el debut del segundo mandato de Bachelet y la denominada “vieja guardia”, que parecía retomar su nivel de influencia tras el cambio de gabinete de fines de mayo.
Fue Quintana quien acuñó el término “retroexcavadora” para graficar el ímpetu reformista que acompañaba el regreso de Bachelet a La Moneda en marzo de 2014. Y fue la nominación de Burgos en Interior la señal de un cambio de rumbo -más dialogante y mesurado-, obligado por la crisis desatada por el caso Caval y las irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.
Así, el encuentro de la noche del lunes tuvo el mérito de abrir un puente de distensión entre representantes de los dos sectores que han debido convivir durante el debut de la Nueva Mayoría en el poder.
Aunque tuvo un carácter de camaradería -según algunos de sus asistentes-, responde a un estado de ánimo que ha comenzado a permear a la elite oficialista en las últimas semanas, y se inserta dentro de un diseño mayor que han comenzado a articular sus principales líderes.
Una suerte de plan de trabajo que tiene como origen un diagnóstico común al que han llegado los dirigentes más influyentes del PS, PPD y la DC y que ya ha generado los primeros contactos entre éstos y La Moneda destinados a lograr un punto de inflexión que allane el camino para un segundo tiempo de la administración de Bachelet y la superación de una crisis que a ratos parece insalvable.
NUEVO TRATO
A mediados de junio, Bachelet completó 35 semanas consecutivas con mayor desaprobación que aprobación a su gobierno.
Los resultados de la encuesta Cadem -que registró que un 24% aprobaba y un 65% desaprobaba la gestión de la Mandataria- no constituyeron una sorpresa en el oficialismo: los sondeos internos del gobierno desde hace un tiempo evidencian una tendencia en ese sentido.
Lo que generó preocupación fue la constatación de que la abrupta salida de Jorge Insunza (PPD) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia había pulverizado el efecto catalizador que toda reestructuración profunda aspira a provocar. Pero ni la remoción de su otrora hombre más cercano -Rodrigo Peñailillo- o el inédito cambio del titular de Hacienda, Alberto Arenas, parecían generar un reimpulso a La Moneda.
Mientras las conversaciones cruzadas que buscaban contener la crisis se intensificaban en el oficialismo, el senador DC Andrés Zaldívar y otros parlamentarios tomaron la iniciativa y comenzaron a organizar lo que, a su juicio, debía ser el punto de partida para cualquier solución: una reservada cumbre de los líderes de los principales partidos de la Nueva Mayoría.
La cita se concretó el jueves 18 en la casa de un importante dirigente oficialista y reunió a los jefes de partidos y de los senadores de la DC, el PPD y el PS. Isabel Allende y Carlos Montes, por los socialistas; Jaime Quintana y Guido Girardi, del PPD, y Jorge Pizarro y el propio Zaldívar, por la DC.
Con crudeza, los asistentes compartieron sus respectivas visiones del actual momento político y sentaron las bases de lo que por estos días en el oficialismo comenzó a denominarse tímidamente como el “Nuevo Trato”.
Fue en este encuentro que la elite oficialista definió “priorizar” la agenda de gobierno, controlar las expectativas y cerrar la puerta a todo nuevo compromiso programático como una condición necesaria para intentar superar la crisis que afecta a la clase política en general y a la que La Moneda no ha estado inmune.
La definición se tomó luego de un largo debate marcado por la preocupación generalizada por el deterioro de imagen de la Presidenta Bachelet y, particularmente, por el efecto de paralización que ha afectado al gobierno, lo que sumado a un cuadro complicado en la economía -que ya comenzó a ser sincerado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en una serie de otros encuentros (ver Negocios Domingo)- auguran, según concordaron los presentes, un sombrío panorama y la extensión indefinida de la crisis si no se toman cartas en el asunto.
Así, el grupo acordó armar un comité -al que se acordó sumar a un representante del PC- para hacer llegar a La Moneda un diagnóstico consensuado de la Nueva Mayoría respecto de las fórmulas propuestas para enfrentar la actual situación y comprometer el esfuerzo institucional de los máximos dirigentes de los partidos para que la coalición en su totalidad se ordene detrás de estos planteamientos.
Aunque ya ha sido explicitada públicamente, lo cierto es que no sólo la llamada “priorización” de la agenda de reformas formó parte de los incipientes acuerdos que comenzaron a gestarse desde entonces en la elite oficialista.
“Aquí nadie ha planteado un cambio en el programa”, afirmó el senador Carlos Montes a Reportajes. El parlamentario explicó que lo que se ha sugerido es ordenar los compromisos pendientes para viabilizar de mejor manera su concreción, pero que existe la convicción de que los ejes de las reformas que posibilitaron el triunfo de Bachelet serán cumplidos.
“El programa no se transa”, señaló, por su parte, el senador PPD Guido Girardi.
En privado, no obstante, en la elite oficialista, que se ha sumado al nuevo diseño, ya se ha internalizado que si bien se impulsarán las reformas estructurales comprometidas, aspectos de algunas de ellas serán ralentizados o trabajados “de manera gradual” y que, simplemente, no existe espacio ni político ni económico para sumar renovadas demandas. Asimismo, algunos de los más pragmáticos han planteado derechamente dejar para una futura administración temas como la reforma al sistema de pensiones, los cambios en materia de descentralización e incluso la desmunicipalización anunciada por el Mineduc.
Timoneles y jefes de senadores que participaron en la cita del jueves 18 coincidieron en que uno de los factores que han profundizado la crisis oficialista ha sido el denominado “fuego amigo”.
De este modo, se resolvió realizar gestiones por mejorar la convivencia interna en el oficialismo y -en lo que respecta al gobierno- se acordó empoderar al comité político que lidera Jorge Burgos (DC) e impulsar un férreo pacto de disciplina de los miembros de la Nueva Mayoría que sancionará drásticamente, incluso con expulsión, a quien se salga de la fila.
A cambio, los dirigentes oficialistas determinaron solicitar al gobierno un diálogo más estrecho con la Nueva Mayoría en materias que -hasta ahora- han sido monopolizadas en el Ejecutivo, como los nombramientos en cargos públicos y mayor participación en el rumbo y contenido de la agenda gubernamental.
PRIMEROS PASOS
A las 7 de la mañana del martes 23 comenzaron a llegar a Palacio los integrantes del gabinete. Poco después -y por espacio de dos horas-, la Mandataria encabezaría la cita en la que se solicitó a los ministros redefinir las prioridades de sus carteras.
“Tenemos la obligación de mirar cada cosa que estamos haciendo en el presente contexto y en la realidad económica de Chile”, explicó el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, al término de la cita.
En la elite oficialista se asintió con satisfacción: el gobierno y la Nueva Mayoría comenzaban a realinear el rumbo.
Tres días antes, en el comité central del PS, la presidenta de la colectividad, Isabel Allende, había iniciado el destape de la ofensiva. “Digámoslo con franqueza, el gobierno y el proyecto que éste representa enfrentan momentos de debilidad. Los socialistas debemos hacernos cargo de este escenario y actuar en consecuencia. Ha disminuido el apoyo al gobierno y es más complejo impulsar un programa de transformaciones en un marco de descrédito como el que existe entre la política y sus representantes”, sostuvo la timonel PS.
Aunque era un acto partidario, el tenor de la intervención de Allende dio cuenta del entendimiento al que -en reserva- habían llegado los líderes del PS, la DC y el PPD.
Quienes han participado en las tratativas sostuvieron que sólo la timonel socialista, por su perfil (es la figura de la Nueva Mayoría mejor evaluada en las encuestas y se ha posicionado como una parlamentaria cercana a La Moneda), pero también por representar al partido de la Presidenta Bachelet, podía tener la legitimidad de abrir la puerta al nuevo escenario. En esa línea también se enmarcan las gestiones desplegadas por el ex timonel Osvaldo Andrade, quien ha sido uno de los principales impulsores del “Nuevo Trato”.
Al momento de su discurso ante el comité central -el sábado 20-, Allende ya estaba al tanto de que La Moneda había aceptado recoger los lineamientos que ella y el resto de los jefes partidarios habían concordado en los días previos. De hecho, en la víspera de la actividad socialista, ya se había producido el primer encuentro formal entre los representantes de los partidos que impulsan este diseño y La Moneda.
La cita se había desarrollado en completo sigilo en Palacio, y en ella participaron el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y los senadores Guido Girardi (PPD), Carlos Montes (PS) y Andrés Zaldívar (DC).
El grupo volvería a reunirse de nuevo en La Moneda a la semana siguiente, específicamente el miércoles 24, aunque esta vez sumó a otro invitado: el senador PS Juan Pablo Letelier.
Quienes han estado al tanto de las gestiones sostienen que las reuniones de esta suerte de “comité de crisis”, que encabeza Aleuy en La Moneda, han tenido un carácter operativo y tienen por propósito definir posturas frente a temas específicos de la gestión del gobierno, sobre todo en las áreas en donde se han detectado mayores niveles de “paralización”. Su funcionamiento responde a las conversaciones que el propio Burgos ha sostenido paralelamente con los líderes de la Nueva Mayoría y que apuntan a mejorar el trato entre la coalición y su gobierno.
Ha sido el ministro del Interior, en tanto, el responsable de poner al tanto a la Presidenta Bachelet de la fórmula de la Nueva Mayoría para intentar revertir la crisis.
“Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante de coordinación con el equipo político del gobierno, junto con los parlamentarios y jefes de bancadas, para abordar los desafíos que el gobierno tiene que encarar durante este año. Es esencial que tengamos la mejor de las coordinaciones y creemos que eso ya ha empezado a dar sus frutos, y esto pasa por ayudar a la gestión sectorial y en gobierno regionales. Las decisiones las toma la Presidenta, pero hemos insistido en que algunos cambios son indispensables y lo más rápido posible”, afirmó el presidente de la DC, Jorge Pizarro, al ser consultado por este tema.
“Siempre ha habido diálogo en la Nueva Mayoría, lo que pasa es que en el último tiempo los partidos han sido más explícitos en pedir que éste sea reforzado y yo creo que la disposición del gobierno es acoger ese planteamiento”, remató el presidente del PPD, Jaime Quintana.
En medio de los acercamientos, en el oficialismo miran de cerca los pasos que prepara el Ministerio Público en el marco del caso Penta-SQM y que podrían delinear una suerte de horizonte para el término de las indagaciones por financiamiento electoral irregular. Así, se evaluó satisfactoriamente que trascendiera que la causa será dividida y reordenada en distintas aristas.
Misma apreciación se tuvo respecto del oficio de Impuestos Internos que define el criterio de cara a las acciones que el organismo ejerce en este tipo de delitos y que fue interpretada como un respaldo a la tesis Escobar.
SEÑALES DE CAMBIO
Las primeras señales de lo que ya comienza a denominarse una nueva etapa en el oficialismo comenzaron a producirse en los últimos días.
Burgos tomó contacto con los diferentes timoneles de los partidos de la Nueva Mayoría para consultarles por sus propuestas para reemplazar el cupo de Insunza en la Segpres: de hecho el ingreso de Nicolás Eyzaguirre en el comité político ya había sido puesto sobre la mesa en el anterior cambio de gabinete. La nueva titular de Educación, Adriana del Piano, en tanto también fue un nombre visado en el PPD.
Lo propio ha hecho Aleuy con las dirigencias y los parlamentarios para designar a las autoridades regionales pendientes o evaluar a las que están en ejercicio a la espera de una futura reestructuración.
Las huellas menos evidentes se han dado, en todo caso, en las posturas del gobierno y la elite de la Nueva Mayoría frente a los casos implicados en supuestas irregularidades en platas de campaña.
Así, el miércoles 24 se produjo la renuncia del subsecretario general de Gobierno, Rodolfo Baier.
La salida del personero radical se produjo luego de que éste notificara que había sido citado a declarar en calidad de imputado por el Ministerio Público en la arista SQM.
Pese a que Baier ha sostenido públicamente que prestó una asesoría en 2013 a la minera no metálica por un monto de $ 6 millones, ya reconoció ante la dirigencia de su colectividad, y ésta notificó a La Moneda, que nunca realizó el trabajo y que la boleta se la solicitó el ex candidato a diputado Alejandro Sule. Este último también fue desvinculado del Ejecutivo (prestaba asesoría en la cartera de Minería) el viernes 26.
La prueba de disciplina de la Nueva Mayoría, en tanto, ya está en marcha: el próximo martes se oficializaría la censura del vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, de la mesa de la Corporación.
Hace unas semanas, el parlamentario oficialista publicó un listado de nombres de sus pares que recibieron aportes reservados en la pasada campaña, instándolos a “sincerar” si las pesqueras aportaron a sus candidaturas. El gesto generó indignación en el oficialismo.
La hasta hoy decidida salida de Navarro de la mesa del Senado es vista como la prueba de fuego de los renovados aires de orden que se han instalado en la Nueva Mayoría. Todos los consultados por Reportajes coincidieron en señalar que los días de Navarro en la testera de la Corporación comenzaron su cuenta regresiva.
El diseño -en general-, en todo caso, enfrentará su propio test en el corto plazo. La segunda semana de julio el ministro Valdés deberá comparecer ante la comisión mixta de Presupuesto del Congreso.
En la instancia, Valdés deberá sincerar las cifras de crecimiento que se esperan para este año y las estimaciones económicas que marcarán el 2016, en especial el precio del cobre.
La intervención inaugurará la discusión presupuestaria que terminará por concretar lo que se ha denominado la priorización de las reformas y el cierre de filas de la Nueva Mayoría frente al plan determinará cuán exitosas han sido las gestiones que se han desplegado. El rito cúlmine correrá por cuenta de La Moneda, que ya comenzó a distribuir las invitaciones para un cónclave de los parlamentarios y dirigentes del bloque, la segunda semana de julio en Cerro Castillo, y que será liderado por la Presidenta Bachelet.
