La reacción de varios actores de la opinión pública al proyecto que busca condonar y reemplazar el CAE ha sido en general negativa. Si hacemos una síntesis técnica, es posible distinguir rápidamente un acierto y al menos dos errores.
El acierto es que el Gobierno se está haciendo cargo de la morosidad del CAE, desatada en buena parte por su propia irresponsabilidad. La propuesta de condonación viene atada a un sistema de cobranza que -según se puede deducir del informe financiero del proyecto- será implacable en su eficiencia para cobrarle a los deudores del CAE. El Gobierno estima cobrarle a los deudores del CAE algo así como 150 millones de dólares anuales. En otras palabras, es claro que, en este aspecto, este es un proyecto de cobranza, con condonación. Las bases frenteamplistas, que votaron por la condonación universal, quizás no compartirán la apreciación de que esta idea -que por fin el Gobierno del Presidente Boric se haya decidido a cobrarle a los deudores del CAE- sea la única virtud de la propuesta del Gobierno.
Revisemos los errores. Todos refieren al nuevo FES.
El primero es volver a financiar promesas políticas con recursos de las instituciones de educación superior, como hiciera la gratuidad de Bachelet. Para hacer atractiva su propuesta, el Gobierno prohíbe a las instituciones gratuitas cobrar a los estudiantes de los deciles 7, 8 y 9, y a las no gratuitas, les prohíbe el cobro a todos los estudiantes, con excepción del más rico. Esto lo hace expandiendo la fijación de aranceles y vacantes a todo el sistema, por lo que el presente y futuro del mismo queda bajo control de actos administrativos, que a la fecha han sido cuestionados por la arbitrariedad de la Subsecretaría de Educación Superior. Esto deja a las instituciones con menores ingresos estimados de 1.300 millones de dólares anuales, un 92% de lo que se gasta anualmente en gratuidad. El profesor Carlos Williamson estimó, para la Universidad Católica de Chile, un perjuicio de 100 millones de dólares anuales. ¿Cómo pretende el Gobierno que la calidad de las instituciones se mantenga si se castigan de esa forma sus ingresos? Algunos rectores han hecho ver que esto destruirá la carrera académica en Chile. ¿Cómo se financiarán los sueldos y las investigaciones de los profesores con doctorado? Quizás el Gobierno, en su planificación industrial centralizada, no los ve como necesarios.
El segundo es cambiar la lógica de ayudas estudiantiles, como becas y créditos, a lógicas tributarias, mediante un impuesto. El ministro Cataldo no quiere llamar al FES impuesto, aunque la palabra crédito parece aterrarlo más. El punto es que el nuevo sistema es, para cualquier persona con criterio, un impuesto a los graduados beneficiados. Quienes lo usen deberán pagar, por hasta 20 años, hasta un 8% de sus ingresos (todos sus ingresos, no sólo los laborales, ojo).
Este impuesto tiene un tramo exento (altísimo para profesionales, en mi opinión, 500 mil pesos mensuales) y no se paga si no hay ingresos. Eso lo hace bastante similar al impuesto a la renta. Será “aplicado y fiscalizado” por el Servicio de Impuestos Internos. Quienes trabajen y tengan ingresos aportarán a un fondo de reparto que pagará las carreras de quienes no trabajen o lo hagan informalmente. Sin duda esto rima con la discusión en pensiones. El ministro Marcel es semánticamente innovador (“fondo revolvente” “financiamiento autocontenido”) pero en la práctica, es más de lo mismo. Esto no es más que la vieja idea del impuesto al trabajo, el reparto y la solidaridad forzada.
¿Por qué destacar estos errores? No sólo por no compartir las premisas ideológicas detrás, sino por las graves consecuencias que tendrían sobre el sistema en caso de aplicarse. Volver a golpear a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, quitándoles importantes ingresos, sólo afectará la calidad del sistema. Pero al mismo tiempo, expandir la fijación de precios y vacantes a la totalidad del sistema afectará gravemente su autonomía, que es el valor profundo que ha explicar el éxito de la educación superior chilena. (El Líbero)
Daniel Rodríguez
