A las 10:00 horas de hoy vence el plazo que el Gobierno dio ayer a Carabineros para que entregue los resultados de su investigación interna sobre las responsabilidades que existen en las graves heridas sufridas por el universitario Rodrigo Avilés durante las manifestaciones del 21 de mayo en Valparaíso.
El joven fue golpeado directa y violentamente por un chorro lanzado por el carro lanzagua 044 y sufrió severas heridas que aún lo mantienen inconsciente. Por este hecho fue dado de baja el sargento segundo Manuel Noya, quien operaba el pitón del vehículo policial y ha sostenido que no vio al alumno de la UC.
Inicialmente, Carabineros negó la responsabilidad del carro lanzagua e informó a La Moneda que Avilés resbaló en forma casual y se golpeó en el pavimento. En esa línea, el fiscal administrativo del caso, coronel Guillermo Bezzemberger, afirmó a «El Mercurio» que «tenemos, preliminarmente, que este hecho, de que el joven se haya lesionado, no corresponde a que sea producto del chorro de agua».
Tales versiones llevaron a que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, asegurara el 26 de mayo que lo ocurrido podría tratarse de «un hecho fortuito; no sabemos. Pero será la fiscalía la que lo determine».
MOLESTIA EN INTERIOR
Sin embargo, el 28 de mayo se conoció una grabación realizada por un dron que confirmó que el estudiante fue golpeado y arrastrado por un violento chorro de agua. En paralelo, en las imágenes de una cámara GoPro adosada al casco de un oficial, a las que este diario tuvo acceso, se escucha que un capitán debió gritar cinco veces «¡corta el agua!» antes de que su orden fuese acatada por los lanzagua.
Ello ahondó la molestia del Ministerio del Interior, reconoce una alta fuente gubernamental, pues esos antecedentes dejan en evidencia que Carabineros, o sabía lo que realmente ocurrió con Avilés, o que al menos no hubo prolijidad al revisar la GoPro y percatarse que si el oficial gritaba era porque había sucedido algo muy grave.
Por ello, Aleuy dijo ayer que «le hemos manifestado al alto mando de Carabineros que la investigación administrativa interna que ellos están realizando, tiene que determinar a los responsables de estos hechos en las próximas 24 horas».
El ultimátum, no obstante, dejó en un complejo escenario a la institución porque «nadie está obligado a lo imposible» y, se advirtió, 24 horas no alcanzan para determinar responsabilidades en un proceso que requiere careos, contra preguntas y peritajes. Así, se añade, la respuesta de hoy sería preliminar.
Aunque en la policía uniformada descartan nuevas bajas de funcionarios, «por ahora», habría otras medidas, como sanciones disciplinarias.
Los mandos potencialmente responsables son dos capitanes -jefes de ariete o grupos de intervención-, un comandante a cargo del sector y el prefecto de Fuerzas Especiales. Si el Ejecutivo decidiera escalar, la responsabilidad alcanzaría incluso al director de Orden Público, general Ricardo Cartagena.
REVISIÓN DE PLANES
En este contexto, Carabineros confirmó ayer que inició un completo proceso de revisión de los planes de contingencia y de los manuales de procedimiento, actuación y reentrenamiento de FF.EE., para prevenir excesos.
La decisión se adoptó luego que el ministro del Interior, Jorge Burgos, analizara la situación con el general director, Gustavo González Jure.
Al confirmar la medida, el subsecretario Aleuy señaló que es un tema que solicitaron desde el comienzo de la administración a las dos policías, pero que en el caso de Carabineros es importante «porque las realidades en las movilizaciones, y sobre todo para la persecución delictual, van variando».
