En los últimos meses se han producido avances en la discusión previsional, especialmente en temas referidos a la organización industrial. Al menos, ha quedado claro que la consigna del #NoMásAFP no tiene relación con el problema de las bajas pensiones, y que no es necesaria ni recomendable una refundación de la industria para mejorar las pensiones. No se trata de mantener el statu quo, efectivamente hay espacios para mejorar la política de inversiones y los retornos de estas, como también para mejorar la valoración ciudadana del sistema, lo que exige buscar mecanismos que generen mayor competencia y permitan una reducción de las comisiones.
Sin embargo, la distribución de los seis puntos de cotización sigue siendo un tema de gran controversia, y aunque el Gobierno plantee que se ha cedido mucho en esta materia, lo cierto es que mantiene su posición de que una parte significativa de este aumento vaya a mejorar pensiones actuales, mientras la oposición insiste en que los seis puntos deben destinarse a las cuentas de ahorro individual.
¿Cómo lograr un acuerdo en un tema en el cual llevamos 15 años sin avances? Una forma razonable es dar vuelta la pregunta, analizando primero a qué grupos deberían llegar los beneficios solidarios, en segundo lugar, estimar el costo de esos beneficios, y solo a partir de ese cálculo, llegar al monto de recursos necesarios y la forma de financiarlo.
Tenemos consenso en las definiciones básicas; los sistemas de seguridad social deberían cumplir dos objetivos: el primero, evitar pobreza en la vejez, y el segundo, prevenir una caída muy drástica del nivel de vida una vez que la persona jubile, lo que se mide a través de la tasa de reemplazo. Además, deben ser financieramente sustentables y evitar los incentivos a no contribuir. Es posible para nuestro país lograr esos objetivos con una reforma apropiada, y esa debería ser la meta de la discusión legislativa de aquí a fin de año, plazo que estableció el protocolo de acuerdo para la tramitación en el Senado.
La PGU aprobada en 2021 fue un avance muy importante de nuestro sistema en términos de evitar pobreza en la vejez. Pero lo cierto es que fue mucho más allá de eso, ya que al ser bajos los ingresos imponibles de la gran mayoría de los trabajadores, este beneficio está permitiendo también tasas de reemplazo muy elevadas para la gran mayoría de los jubilados. En efecto, los datos muestran que para todos aquellos que cotizaron por menos de 25 años, las medianas de las tasas de reemplazo, medida como la relación entre la jubilación y el último ingreso imponible, fluctúan entre 70% y 120%. Se trata de cerca de un 60% de los jubilados, para los cuales sus pensiones cumplirían con los objetivos de un sistema de seguridad social. Aun cuando los niveles de las pensiones de muchos sigan siendo bajas, no sería una buena política asegurar tasas de reemplazo cercanas a 100% a personas con muy baja densidad de cotizaciones, ya que el desincentivo a cotizar resulta evidente.
Por otra parte, si miramos las tasas de reemplazo de aquellos jubilados que cotizaron 25 o más años, nos encontramos con resultados más bajos para las mujeres, en torno a 50%. La mediana para los hombres se mantiene por sobre 70%. Parte de este problema se podría corregir con el llamado “bono tabla”, que compensa a las mujeres por su mayor expectativa de vida, y que cuesta algo más de medio punto de cotización. A esto se podría sumar una garantía por años cotizados para personas que han cotizado por más 25 años, cuyo costo es similar al del bono tabla, pero que se podría acotar excluyendo del beneficio a los grupos que autofinancien pensiones elevadas.
En definitiva, el costo de mejorar las pensiones a los grupos aún rezagados es muy inferior a lo que plantea el Gobierno, por lo que definir primero a quiénes se quiere beneficiar y por cuánto es una discusión mucho más acotada y simple.
¿Por qué hemos dado entonces esta vuelta tan larga? Porque por razones que no se entienden, cuando el Gobierno mandó la reforma al Congreso en noviembre de 2022, decidió ignorar que el aumento de recursos para financiar la PGU era por sí solo equivalente a más de 4 puntos de cotización, bastante más generoso con los jubilados que las propuestas rechazadas de Bachelet II y Piñera II. Resulta evidente entonces que la primera prioridad es ahora reforzar la capitalización individual. (El Mercurio)
Cecilia Cifuentes
Directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros ESE Business School Universidad de los Andes
