La encuesta CEP conocida en días pasados entrega dos datos a considerar: uno es que las universidades siguen siendo las instituciones mejor evaluadas (52%) y el otro es que los factores de la alta criminalidad, según la percepción ciudadana, lo constituyen la inmigración irregular, la falta de condenas o bajas penas que se aplican a los infractores de ley y el consumo de drogas y alcohol.
En este contexto, en que a la sociedad le aflige este problema de seguridad, no es posible ni tolerable soslayar la gravedad de la situación. Las universidades tienen una función que cumplir, colaborando con las autoridades encargadas de la seguridad pública. En esta misma página, una autoridad universitaria se lamentaba de que los responsables de aquella pretirieran un documento que contenía un plan con más de cien medidas para combatir la delincuencia. Siguiendo esa línea, creemos que las universidades pueden constituir un buen aliado en la lucha contra este flagelo que aflige a la población.
Al respecto, expresa la Ley de Educación Superior que las instituciones reguladas por dicho cuerpo normativo tienen un rol social que consiste en contribuir a la satisfacción de los intereses y necesidades del país, entre otras finalidades. Así, hay un imperativo legal que obliga a colaborar, pero también un compromiso de orden constitucional, dado que es un deber contribuir a la seguridad nacional (artículo 22 CPR).
¿Cómo colaborar con eficiencia en lo que respecta a la seguridad pública?
Primero, darse cuenta de estar viviendo en una sociedad del riesgo, ya advertido por el sociólogo alemán Ulrich Beck, donde pasamos de la aspiración a la igualdad provocada por la lucha de clases, a una sociedad cuyo anhelo es la seguridad, ideal que cruza a todos los sectores de la sociedad.
Se está ante efectos perniciosos de la globalización que se reflejan en la existencia de organizaciones criminales, con partícipes extranjeros, en que ejecutan conductas ilícitas graves, las que rara vez se cometían en nuestro territorio; delitos económicos complejos y el desarrollo tecnológico que ha dado lugar al delito cibernético. Estos son los datos y sobre ellos hay que trabajar.
En segundo término, el diseño de una efectiva política criminal consensuada entre los encargados de la seguridad pública y las fuerzas políticas con la cooperación de las universidades constituye un instrumento indispensable en la reducción de la violencia y las acciones delictivas. Se debe tener claridad de que en un Estado Constitucional de Derecho una política de esta especie se encamina a reducir soportablemente las cifras de delincuencia, aunque no sea posible eliminarlas íntegramente.
Sin embargo, la aspiración es llegar a niveles delictuales iguales o inferiores a los existentes en países europeos, lo que se traduciría en una vida tranquila en los barrios, caminar sin sobresaltos por el centro de Santiago, poder andar de noche sin miedo. En suma, llevar una existencia en la confianza de la seguridad armonizada con el progreso de las ciencias aplicadas con que cuenta el país.
Por último, elaborar un programa resocializador para los infractores de ley, con énfasis en los menores. Este aspecto resulta clave a la hora de tener la voluntad real de atacar el fenómeno de la inseguridad.
Las universidades, con su multiplicidad de disciplinas, pueden ayudar a resolver el principal problema que afecta al país, poniendo a disposición de las autoridades estudios, investigaciones y los académicos necesarios para trazar acciones concretas en la atenuación del crimen. Es el rol social que están llamadas a cumplir y que lo asumimos con noble entusiasmo y riguroso estudio. (El Mercurio)
Cristián Letelier Aguilar
Miembro Junta Directiva UNIACC
