Si revisamos el comportamiento de los votantes en Chile, vemos que cuando el voto es obligatorio de verdad, aumenta considerablemente el número de personas que concurre a las urnas, con lo que sale fortalecida la democracia. De hecho, en la elección de alcaldes de 2021, en que el voto era voluntario, sufragaron alrededor de 6,4 millones de chilenos. En la elección del año pasado de consejeros, con voto obligatorio, votaron 12,5 millones de personas.
Pero más allá de los números y de la calculadora electoral, pretender favorecer a un sector político cambiando las reglas del juego a pocos meses de los comicios municipales y regionales de octubre resulta sumamente grave y no se condice con la tradición de respeto a la institucionalidad que nos caracteriza como país y nos diferencia de algunos regímenes políticos de nuestro continente que dejan mucho que desear.
Tras el rechazo en el Senado, la opción del Ejecutivo es reponer las sanciones a través de un veto. Esta alternativa ya fue planteada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, el pasado 4 de julio y confirmada ayer por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. El Presidente Boric tendrá la última palabra sobre el veto, y luego, esperamos que el mundo político actúe con la responsabilidad que el tema amerita. (El Mercurio Cartas)
Ricardo Mewes
Presidente de la CPC
Susana Jiménez
Vicepresidenta de la CPC
