La ley de Pesca de Longueira

Es así como ese día, en la Cámara Alta, la iniciativa recibía el voto a favor de 23 senadores, versus 7 en contra y 4 abstenciones. Hoy, la Ley Longueira enfrenta un serio juicio a su legitimidad, de la mano de las recientes declaraciones ante la Fiscalía del ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, que relató cómo el senador Jaime Orpis (UDI) ideó un sistema para recibir fondos de la compañía del Grupo Angelini, para financiar deudas de su última campaña electoral.

El mecanismo, que recuerda la historia de las boletas de SQM y Penta, consistía en respaldar la entrega de fondos con boletas de terceros: tres asesores del parlamentario que –según Mujica– jamás prestaron servicios a Corpesca. Además, se entregaban informes relativos al consumo de drogas y procesos de rehabilitación, debido a la vinculación de Orpis con la corporación de rehabilitación de drogas La Esperanza. Informes que en la práctica no tenían ninguna utilidad para la compañía.

La declaración de Mujica establece que el senador en persona se acercó a pedirle recursos a fines de 2008, primero para su corporación, luego para su campaña y más tarde para financiar las deudas que le quedaron.

El senador Orpis, que es indagado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por posible cohecho, fue uno de los 23 senadores que dio su voto favor de la Ley Longueira. Pero no era la primera vez que el parlamentario movía los hilos favoreciendo a la industria: en 2007, de acuerdo a lo publicado por La Segunda, impulsó una moción que favorecía directamente a Corpesca, dueña del 82% de la cuota de captura de jurel entre las regiones de Arica y Antofagasta, que apuntaba a ampliar la captura del jurel en la zona norte. No fue aprobada, pero Orpis volvió a la carga en 2009, esta vez con las firmas del actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y el entonces senador Carlos Cantero.

Pero la industria pesquera contaba con más aliados en el Congreso. Basta recordar el escándalo que envolvió a la entonces diputada Marta Isasi por pagos de Corpesca. Historia que abrió la puerta a develar la relación entre dinero y política que en los últimos tiempos tiene de cabeza al mundo político y empresarial, al tiempo que originó una investigación por soborno y cohecho liderada por la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad a cargo del fiscal Carlos Gajardo y otra por fraude al fisco que lleva adelante la Fiscalía de Valparaíso.

La tensión creció luego de que Mujica señalara a Ciper que Corpesca no solo entregó dinero a Isasi, sino que a “muchos más” parlamentarios del norte. El ejecutivo reveló después, ante la PDI, la existencia de una suerte de “Frente del Norte” de parlamentarios.

En ese contexto, El Mostrador les preguntó a varios honorables si habían recibido dineros de Corpesca, frente a lo cual Jaime Orpis se negó a responder.

Al igual que Orpis, Isasi dio su voto favorable a la ley, respaldando las indicaciones que fueron clave para defender los intereses del sector.

Además de los pagos de Corpesca a algunos parlamentarios, que hoy ponen en entredicho  las verdaderas motivaciones que los impulsaron a respaldar la ley, hubo varias situaciones protagonizadas por otros honorables en torno a la polémica iniciativa, que aumentan las dudas respecto a la legitimidad de la ley.

¿ASESORES O LOBBISTAS?

Por varios años el diputado Jorge Ulloa (UDI) ha sido miembro de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. La cercanía de Ulloa con la industria es estrecha; de hecho, entre sus pares se lo sindica como un férreo defensor de las grandes pesqueras.

Tan cercano que, a las sesiones en que la Comisión Mixta constituida en noviembre de 2012 estudiaba la Ley Longueira, asistieron como sus asesores dos importantes personajes del mundo pesquero: el entonces gerente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), hoy presidente de la entidad, Luis Felipe Moncada, y el gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Héctor Bacigalupo.

La asistencia de ambos “asesores”, quedó registrada en la historia de la ley, pero sin dejar constancia de sus vínculos con Asipes, que representa a las mayores empresas productoras de harina, congelados y aceite de pescado de Chile –entre las que se cuenta Blumar controlada por la familia Sarquis y el Grupo Yaconi-Santa Cruz– y Sonapesca, que es una asociación gremial compuesta por empresas armadoras e industrias pesqueras de diversos rubros y que –según señala su página web– “sigue siendo la voz principal de la industria pesquera ante los poderes públicos, haciendo presente sus puntos de vista en materias de interés general relacionadas con la pesca”.

Sobre la situación, Luis Felipe Moncada señala que “nunca he sido asesor de ningún parlamentario. Durante la discusión de la Ley de Pesca, el 2012, entiendo que a propósito de manifestaciones en las tribunas, se establecieron restricciones para acceder al edificio del Congreso. Ante ello solicité al diputado de la zona, Jorge Ulloa, con el que me encontré en la entrada, intercediera para permitirme el acceso, lo que hizo. Mantengo cordiales relaciones con él como con muchos parlamentarios de la zona. Ignoro por qué y dónde se pueda haber indicado la inexacta calidad de asesor”.

Y agrega: “Esta información mal intencionada ha sido sin duda proporcionada por los contrarios a la Ley de Pesca. Sería de interés saber en qué calidad ingresaron al Congreso, durante el período de restricción mencionado, los representantes de las organizaciones de todo tipo que participaron en la discusión de la ley”.

Un año antes, en diciembre de 2011, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero (UDI), recibió una denuncia que señalaba que Ulloa debía inhabilitarse en la votación de la Ley de Pesca, debido a sus vínculos con la empresa  Cargo Services Limitada, que prestaba servicios de transporte a grandes pesqueras de la VIII Región, como Blumar. Cargo Services Limitada fue constituida por Ulloa junto a otro socio en enero de 1997 y operó hasta el 6 de julio de 2004. Tres días después la esposa del diputado, Siomara Concha, constituía la sociedad Cargo Services S.A. junto a la mujer del ex socio de su marido, con el mismo giro de la anterior empresa.

La denuncia jamás fue entregada a la Comisión de Ética de la Cámara. En su momento, Ulloa señaló que no tenía relación con la compañía de su esposa porque tienen separación de bienes.

El diputado, lejos de inhabilitarse, fue un activo promotor de la propuesta del Gobierno de Sebastián Piñera y votó a favor de indicaciones clave que favorecían a la industria.

Las “asesorías” de importantes actores del mundo pesquero a parlamentarios no se limitaron a Ulloa. La propia Isasi tuvo como asesor en la Comisión de Pesca, en dos ocasiones en julio de 2012, al subgerente de Gestión de Corpesca, Ramón Pino Correa.

La ex parlamentaria acusó ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja –que falló en su contra tras las acusaciones de su ex asesor, Georgio Carrillo, de haber triangulado platas dadas por Corpesca para financiar su campaña electoral en Iquique– que otros parlamentarios mantuvieron fuertes vínculos con organizaciones gremiales y empresas del rubro pesquero sin hacerlo público.

Incluso, señaló Isasi, permitieron que representantes y ejecutivos del rubro participaran en reuniones de la Comisión de Pesca de la Cámara disfrazados de asesores.

Uno de los nombres que dio la parlamentaria fue el de Jorge Ulloa.

También apuntó al senador por Arica Fulvio Rossi, que según Isasi permitió el ingreso a la Comisión de Cristián Tapia, asesor legal de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach), que dio su apoyo al proyecto de ley.

Al respecto, Rossi señala que Tapia “no es el único dirigente artesanal que he dejado entrar, en ese momento no había ley de lobby ni nada, lo dejé entrar como a muchos dirigentes de pesca artesanal o dirigentes tripulantes de la pesca industrial. Acá solo hay una querella de Gutiérrez que va a salir mal parado, porque, según él, Corpesca financió mi campaña por gastos reservados. Pueden revisar, porque yo nunca he recibido gastos de nada desde Corpesca”.

Isasi explicó que en diciembre de 2012 fue reemplazada en la Comisión de Pesca por Nino Baltolu (UDI), entonces diputado por Arica. Baltolu habría permitido la entrada del mismo subgerente de Corpesca que acompañó a Isasi, Ramón Pino Correa, así como del sindicalista Michel Campillay, hombre cercano a Corpesca, y el mismo que habría presentado a Isasi al gerente Francisco Mujica. El nombre de Campillay está registrado como asesor de Baltolu en las actas de las comisiones.

Baltolu detalla que “yo nunca pertenecí a la Comisión de Pesca. Ingresé a la discusión en la Comisión Mixta porque Isasi no estaba, los cupos leS pertenecen a los partidos e Isasi era Independiente del PRI, ellos fueron a buscar a Orlando Vargas por ser del norte, pero él se excusó y ahí me preguntaron si podía ir yo. De esa forma, el PRI autorizó mi entrada, fui con su mandato. Cuando fui me encontré afuera con el dirigente Michel Campillay, él es de Iquique, lo conocía porque lo vi muchas veces en el Congreso y me lo encontré en hartas reuniones. Me preguntó si los podía dejar pasar y pensé que mejor que entrara un dirigente de los trabajadores. Fue por buena intención, él nunca fue mi asesor, yo soy de Arica, él de Iquique. Respecto del otro señor (Ramón Pino – Gerente de Corpesca), no lo conozco, seguramente estaba con Campillay y los dejé pasar. En ese sentido no tengo conflicto”.

En el caso de la gerenta general de la asociación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES), Valeria Carvajal, logró ingresar como asesora del senador Antonio Horvath (ex RN, hoy Independiente), que le permitió la entrada a la Comisión, lo que quedó registrado en las actas.

Al respecto, Horvath asegura que Carvajal jamás fue su asesora, que esa fórmula era “un mecanismo para que todos pudieran entrar”. “Recuerdo que cuando hay alguna oposición para que entre gente a las comisiones, se los hace entrar a todos en calidad de asesores, no a alguno en particular. En el acta tiene que haber quedado ella, pero no era el único caso, había muchos más de distintos sectores”, sostuvo.

Isasi también apuntó al diputado Alberto Robles (PRSD), señalando que permitió el ingreso, como su asesor a la Comisión, de Juan Morales, director de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach).

INHABILITADOS

Cuando Camilo Escalona era presidente del Senado, el Consejo de Defensa de la Pesca (Condepp) le solicitó, para votar la Ley de Pesca, la inhabilitación de cuatro senadores por sus vinculaciones con empresas relacionadas con el giro pesquero: Andrés Zaldívar (DC), Jovino Novoa (UDI), Alejandro García-Huidobro (UDI) y Carlos Larraín (RN). La Comisión de Ética de la Cámara Alta dejó a criterio de los parlamentarios la determinación de votar, y el único que declinó hacerlo fue Larraín.

En el caso de Andrés Zaldívar, se ponían en tela de juicio sus vínculos familiares, ya que su hermano Manuel Zaldívar Larraín y su sobrino, Felipe Zaldívar, eran director y gerente comercial, respectivamente, de Corpesca.

Al respecto, Zaldívar señala que votó a favor de la Ley Longueira “porque todas las votaciones relacionadas con la pesca industrial eran para limitar sus derechos: eliminaban las concesiones indefinidas y les fijaban plazo, aumentaba el pago de patentes, se eliminaba su participación en la fijación de cuotas pesqueras y se entregaba a comités técnicos, se aumentaba la cuota a pescadores artesanales. Voté especialmente todas las disposiciones en favor de la pesca artesanal de acuerdo con los dirigentes pescadores de la VII Región. Solicite terminar con la pesca de arrastre en mi región por parte de los industriales. Voté a favor de la exclusividad de pesca para los artesanales en las cinco millas. Mi votación se sumó a votación transversal y de amplia mayoría de senadores. No me correspondía inhabilitarme tampoco en relación a parentesco”.

Esto –según explica el senador– “porque mi hermano no tenía ningún cargo ejecutivo en la empresa y había dejado sus funciones por grave enfermedad de Parkinson, que lo mantiene hasta el día de hoy absolutamente incomunicado hace ya más de 10 años. Efectivamente mi sobrino era o es ejecutivo de una empresa, pero de tercer grado y jamás se ha relacionado conmigo por motivos de su trabajo. Cada materia la voté en convicción de aprobar lo que estimé que era lo conveniente al interés general y no en beneficio particular ni personal de ninguna empresa”.

No es la primera vez que Zaldívar enfrenta cuestionamientos por los estrechos vínculos que tienen él y su familia con el Grupo Angelini, uno de los principales controladores de la pesca chilena. En 2002, cuando se estaba actualizando la Ley de Pesca original, impulsada por Ricardo Lagos, el entonces presidente de la Cámara Alta fue cuestionado por la relación comercial que tenían él y su hermano, Adolfo Zaldívar, con la empresa pesquera Eperva, la más importante del grupo Corpesca, del consorcio Angelini.

Pese a su participación en Eperva, un año antes Zaldívar presentó una moción para que se aplicaran los Límites Máximos de Captura de Armador de la Ley de Pesca en la I y la II regiones del país. En respuesta a la propuesta del senador, el Fiscal Nacional Económico emitió un informe que decía que, en el caso de aceptarse la proposición, se “daría una posición dominante, de carácter monopólico, al grupo Angelini”.

Tras las críticas, el parlamentario se desprendió de las acciones que mantenía en Eperva.

Otro senador que, a juicio de los pescadores artesanales, debería haberse inhabilitado, pero no lo hizo y votó a favor de la Ley de Pesca, es Jovino Novoa (UDI), debido a su vínculo con Comercial Nahuelbuta Ltda., dedicada a comercializar productos del mar.

Un caso similar sucedió con Alejandro García-Huidobro (UDI), que según su declaración de patrimonio tiene participación en Navarina S.A., dedicada al desarrollo, ejecución, explotación y/o participación, en forma directa o indirecta, en actividades pesqueras.

PESCADORES REÚNEN FIRMAS