En el marco del cruce de querellas entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por presuntos delitos de tráfico de influencias en nombramientos judiciales, y el exministro de Defensa Mario Desbordes quien, a su vez, accionó penalmente contra consejeros del organismo, acusando prevaricación administrativa, uno de los elementos que ha cobrado relevancia es el audio de la sesión en la que la entidad abordó dicha estrategia judicial, cuyo acceso fue solicitado por el también exdiputado y otrora presidente de RN en su presentación.
Según ha señalado el propio exministro Desbordes en diversas entrevistas, en la grabación quedaría de manifiesto que desde la fiscalía habrían solicitado al INDH querellarse.
Sobre esto, en entrevista con «Tolerancia cero» el domingo, la directora Contreras afirmó que no harían entrega del registro, de no mediar una orden judicial.
Aunque, añadió, «hay una pequeña parte (de la grabación) que está bajo reserva, porque fue solicitada la reserva y está bajo el secreto profesional de parte de la persona que entrega cierta información, pero donde el señor Mario Desbordes no tiene nada que ver».
Dicha solicitud de reserva fue realizada por un abogado de la institución, puntualizó.
Tras una consulta de «El Mercurio», mediante sus canales formales de comunicación, desde el INDH sostuvieron que, «según las normas legales y reglamentarias, las sesiones del Consejo del INDH carecen de carácter público.
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MONSALVE
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue consultado este miércoles por las recientes declaraciones de la directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, quien aseveró que no hubo violaciones «sistemáticas» a los derechos humanos en el estallido social de 2019, una mirada similar a la que tuvo su predecesor, Sergio Micco, pero sin embargo, a él le costo el cargo en ese entonces.
«El INDH es un organismo autónomo del Estado. La directora ha entregado una opinión que entiendo ha sido compartida, si no de manera unánime, de manera bastante transversal. Por lo tanto, soy respetuoso de esa opinión de un organismo que por lo menos, desde esa perspectiva, tiene una orientación más especializada», dijo en un punto de prensa esta jornada Monsalve.
Se le consultó cuál es finalmente la postura del Gobierno, toda vez que este tema fue uno de los argumentos que se utilizó en 2019 para presentar una acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick -y que fue aprobada- quien para el 18-O era el ministro del Interior.
«Una acusación tiene distintos componentes. Quiero recordar, las acusaciones constitucionales no tienen solo una afirmación, tienen varios capítulos, tienen varias páginas y tiene harto debate político. No recuerdo el detalle en este momento de si se aprobaron todos los capítulos, pero sin duda lo que había en ese momento era una preocupación respecto a la incapacidad del Estado de proteger la seguridad de quienes en ese momento se manifestaban«, afirmó el subsecretario en primer lugar.
Luego recordó que «había personas en Chile que producto de esos hechos tuvieron lesiones graves irreparables. Particularmente me refiero a las lesiones oculares. Y la única otra parte que tiene un gobierno democrático, en hechos de esa naturaleza, es el Parlamento. Y creo que en un Estado democrático es bueno que el Parlamento haga uso de sus facultades cuando lo estima necesario».
Cabe mencionar que si bien la directora del INDH dijo que las violaciones no eran «sistemáticas», sí eran «generalizadas». «Yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque para que se dé la sistematicidad, tiene que haber un acuerdo entre los distintos órganos del Estado e instituciones del Estado, pero sí creo que fue generalizada», afirmó en Tolerancia Cero. Esa fue, en efecto, la misma explicación conceptual que había dado Micco en 2019. (El Mercurio)
