Casi 33 mil millones de pesos invirtió la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para restituir tierras en 2023 a través del artículo 20, letra B, de la Ley Indígena. Nueve comunidades fueron beneficiadas. Sin embargo, hubo una de ellas que concentró un 28% del total de lo invertido: la Comunidad Mapuche Antonio Peñeipil Cuel Ñielol, de la comuna de Galvarino, a quienes les entregaron 1.126,67 hectáreas. Una compra que según la propia Conadi constituye “uno de los procesos de restitución más grandes que se han realizado en la historia”, y que implicó una inversión de casi 9.300 millones de pesos.
No obstante, en torno a esta comunidad y al terreno que les fue entregado se teje una larga historia de violencia. Según Conadi, la comunidad inició su solicitud en septiembre de 2008 y, exactamente, un año después ocurrió el primero de muchos atentados en el ahora ex Fundo El Porvenir, ubicado en el camino que une las comunas de Lautaro y Galvarino.
A eso se suma que en 2018 integrantes de esta comunidad llamaron a “rebelarse contra el Estado” y a iniciar un “gran levantamiento mapuche” y que en 2019 se tomaron la sede de la Conadi en reclamo porque no se había concretado la compra del predio. Así como que uno de sus miembros llamó a aprovechar el verano para comenzar una “tormenta de fuego en el wallmapu”, dicho que más tarde defendió como una “metáfora”.
HISTORIAL DE ATENTADOS
El campo que reclamaba esta comunidad pertenecía a la familia del ex diputado Diego Paulsen. De acuerdo con información disponible en el Poder Judicial, el 16 de septiembre de 2009, los entonces propietarios, junto con quien presidía la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SOFO), fueron retenidos a la fuerza por integrantes de la Comunidad Antonio Peñeipil. Allí los amenazaron con que si no se concretaba una reunión con representantes de Conadi y de la Forestal Mininco “van a empezar los problemas, los 365 días del año van a tener problemas” a lo que agregaron “no duerman tranquilos desde hoy en adelante si no quieren dialogar, los 365 días del año, día y noche, mañana y tarde”.
Esto, mientras afuera había barricadas en la ruta S-10, precisamente a la altura de la propiedad, “procediendo algunos de los sujetos a ingresar al interior del fundo El Porvenir cerrando el portón de ingreso con alambres, impidiendo el libre tránsito de los moradores del fundo y causando daños en plantas de eucaliptos de tres años, destruyendo un portón de madera y una bandera chilena”, indicó la acusación de la Fiscalía.
Por este caso hubo un procedimiento judicial en contra de Reinaldo Penchulef Sepúlveda, a quien se le imputó por el delito de amenazas; pero el asunto se zanjó únicamente con Reinaldo Penchulef pidiendo disculpas públicas.
Desde entonces, el campo sufrió diversos atentados y, efectivamente, la familia nunca más descansó tranquila. El mismo ex diputado Paulsen declaró que cuando se quedaba en Galvarino dormía con una escopeta ante el temor de sufrir una emboscada.
Otro hecho de gravedad ocurrió en el verano de 2022, cuando se quemó por completo la casona familiar que estaba en el fundo, donde residía la abuela del ex legislador. “Es un hecho lamentable que claramente se hizo de manera intencional… lamentablemente nos vemos con la casa de mi abuela, de mi familia, quemada por acciones de terceros”, denunció entonces Paulsen.
Este campo perteneció a la familia desde finales del 1800.
En el verano de 2015 apareció un rayado a menos de un kilómetro del predio con la inscripción “tormenta de fuego”, y entre los meses de enero y febrero de ese año, fueron blanco de al menos 10 ataques incendiarios.
No solo eso, la casona –antes de ser quemada– fue baleada en varias oportunidades; lo que llevó a que incluso tuviera protección policial nocturna. En entrevista con La Segunda en 2022 el ex diputado Diego Paulsen declaró que “llegamos a tener más de 40 hechos de violencia en menos de cincuenta días”.
CRITERIOS DE CONADI
De acuerdo con una solicitud de Transparencia a la que tuvo acceso El Líbero, la inversión de Conadi para la compra de este campo fue de $9.290.668.664 y supera por lejos la segunda compra más costosa, que fue de $7.503.902.996 para la la comunidad indígena Trafko Amuley, para quienes Conadi adquirió 835 hectáreas en Curacautín. La tercera compra más cuantiosa se hizo en Galvarino. Esta fue de $6.872.076.070 para la Comunidad Andrés Karikeo, quienes recibieron 885 hectáreas.
En total, la Conadi invirtió en la compra de tierras $32.978.447.730. Sin embargo, la inversión a través del artículo 20, letra B, corresponde a $51.201.835.991; valor que incluye derechos de aprovechamiento de aguas.
Para el diputado por la IX Región, Miguel Mellado, la compra del ex Fundo El Porvenir para la comunidad Antonio Peñeipil “fue un asunto que demoró mucho tiempo producto de que Paulsen era diputado. Por eso se demoró, porque no querían aparecer beneficiando a un político”. No obstante, advierte que “el tema preocupante y poco transparente” son los criterios que aplica Conadi para realizar estas compras.
“Lo que se investiga es si la comunidad tiene aplicabilidad y si efectivamente el predio no ha sido usurpado, ni perturbado, si efectivamente se cumplían ambas cosas lo que la comunidad hiciera, en caso de la ‘tormenta de fuego’ u otras más, según la Conadi, no están dentro del parámetro de medición. Ahora, yo encuentro poco transparente, pero sí está apegado a la letra de la ley, puede que no esté apegado al espíritu, hay un tema que la Conadi debería transparentar”.
Al ser consultado sobre si la perturbación de un predio sólo aplica en caso de “usurpación”, siendo que el campo llegó a tener protección policial, Mellado señala que “el dueño del predio debería haber probado que esa comunidad le hizo la perturbación o la Fiscalía haber determinado que efectivamente esa comunidad estaba detrás del incendio de la casona. Hechos que ninguno de los dos, ni el dueño dijo que estaba perturbado por esa comunidad, ni tampoco la Fiscalía hizo esa investigación colocando a esta comunidad como los responsables de los incendios”.
Por tanto insiste en conocer cuáles son los parámetros de la corporación: “¿Solamente se miden parámetros de aplicabilidad y no perturbación? Independiente de si hay una amenaza. En ese caso, si es así lo único que haría Conadi es verificar lo que todo el mundo dice: que mientras más violencia haya, más rápido la Conadi compra terreno a una comunidad violenta”.
Lo que, opina, que en este caso ocurrió. “Hay que verificar en qué lugar de aplicabilidad estaba esta comunidad. Hay 700 en la lista de espera y no creo que esta comunidad haya estado en la posición número 1. Si se pasó por arriba a otras que llevan años esperando, es cuando yo digo que la fuerza, la violencia, pueden más que la lista de espera de las comunidades”.
Coincide el diputado Jorge Rathgeb quien señala que “lamentablemente eso es así y genera una frustración muy grande a todos aquellos que ocupan el procedimiento legal y hacen las cosas bien, por cuanto este tipo de situaciones incentivan a que se genere violencia, a pesar de que pueda existir una normativa que de alguna manera pretende colocar algún tipo de restricción; pero en la práctica esto no opera y optan por ocupar medidas de fuerza. Por lo tanto creo que no está bien lo que ocurre en ese caso en particular, y que pueden haber otros en la región o en otras regiones”.
Rathgeb agrega que “va a haber que empezar a fiscalizar una a una las compras que se hagan, porque el criterio que debería primar en este caso no está aplicándose y eso incentiva a que quienes puedan realizar acciones pacíficas y dentro de la normativa no lo hagan, sino que recurran a la violencia que es bastante más efectiva que realizar los trámites de forma normal”.
En esa línea la diputada Gloria Naveillán también señala que Conadi “no está cumpliendo con la normativa en términos de que sigue comprando tierras para comunidades que han estado en conflicto”. Naveillán agrega que la Antonio Peñeipil “es una comunidad que ha generado mucho conflicto, mucha amenaza en la zona, ha habido tomas, etc. Entonces, es bien impresentable que Conadi siga dando esta señal tan equívoca, cuando justamente la idea de otorgarle un presupuesto a Conadi tan amplio era para que comprara tierras con unas ciertas condiciones que no cumple”.
«LA TORMENTA DE FUEGO»
Reinaldo Penchulef no es la figura más conocida de la Comunidad Antonio Peñeipil. Su hermano, Salvador Penchulef Sepúlveda, todos los veranos reaparece en los medios de comunicación una vez que los incendios forestales comienzan a arreciar. Esto después de que el 12 de octubre de 2014 hiciera la siguiente publicación en su cuenta de Facebook: “Se viene. Se viene el verano weichafes. Toda la gente del wallmapu a prepararse para erradicar estas malditas forestales con un sola acción ‘tormenta de fuego en el wallmapu’. 25 de diciembre hasta el 25 de marzo. Nuestra lucha por recuperar nuestro territorio usurpado ya está en otra etapa y no daremos pies atrás, fuera las forestales y los usurpadores del wallmapu. Hoy la lucha es por la autonomía del pueblo mapuche”.
Al momento de hacer la publicación, Salvador Penchulef trabajaba en la Municipalidad de Galvarino; y el entonces diputado Diego Paulsen lo denunció ante lo que consideraba como una amenaza. Salvador Penchulef se defendió diciendo que se trataba de una metáfora, pero un año más tarde reiteró sus dichos nuevamente en Facebook.
“Ahora más que nunca estoy convencido que ‘La Tormenta de Fuego’ ya no da margen para metáfora, hay que aplicarla en ejercicio y práctica en contra de todos los invasores del Wallmapu”, escribió el 16 de julio de 2015, acompañado de una noticia sobre la aprobación en la Cámara de Diputados de una prórroga al subsidio forestal para monocultivos.
Como resultado de esto la Intendencia de La Araucanía se querelló en su contra y la Fiscalía lo acusó por delitos contra la Ley de Seguridad del Estado, al considerar que “incitó la destrucción de bosques y siembras, e hizo una apología para la utilización de la violencia”.
Cuando la Fiscalía hizo su acusación, Penchulef se disponía a competir en una elección como candidato a concejal por Galvarino, iba como independiente apoyado por el PRO. Para ese entonces, tanto él como su hermano trabajaban en la Municipalidad de Galvarino, por ese tiempo a cargo del alcalde Fernando Huaiquil.
A Penchulef también se le acusaba de amenazar a otro mapuche de su misma comunidad.
En abril de 2017 el Tribunal Oral de Temuco lo absolvió de todos los cargos. En el juicio declaró el ex diputado Diego Paulsen y señaló que desde que se subió el mensaje a Facebook, coincidentemente “en el predio de mi familia ocurrieron más de 17 ataques incendiarios”. Se calcula que fueron arrasadas alrededor de 800 hectáreas en ese período.
El ex director nacional de Conadi, Ignacio Malig, confirma a El Líbero que mientras él fue director “no vi en ninguna nómina de potenciales beneficiarios al señor Penchulef, debe haber sido agregado con posterioridad”. Otras fuentes consultadas confirman que Salvador Penchulef fue reincorporado antes de hacer la compra.
CONDENA POR ATAQUE A FRONTEL
Los hermanos Penchulef debieron volver a enfrentarse a la justicia. Tanto Salvador como Reinaldo fueron condenados, en 2019, en calidad de autores del delito consumado de robo con violencia, cometido el día 8 de abril de ese año.
Los hechos ocurrieron al interior de la comunidad Antonio Peñeipil, cuando funcionarios que prestaban servicios a Frontel y Saesa terminaban de realizar labores de inspección de la red y sus alimentadores, para su posterior mantención. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo entre quienes se encontraban los hermanos Penchulef cuando se disponían a retirarse del lugar.
Los victimarios llevaban palos y golpearon la camioneta en la que se desplazaban los trabajadores con ellos aún en su interior y, según la sentencia, “los amenazaron diciéndoles que hasta ahí no más llegaban o que los matarían en el mismo lugar”.
Reinaldo Penchulef comenzó a golpear a uno de ellos mientras todavía estaba sentado en el vehículo, lo sacó a la fuerza y lo tiró al piso donde continuaron los golpes. La otra víctima se bajó del vehículo y también lo golpearon, finalmente les robaron la camioneta y sus pertenencias, derribaron un dron que estaban utilizando para hacer estas tareas y dejaron a las víctimas abandonadas en el sitio; quienes más tarde debieron ser hospitalizados.
Parte de las especies sustraídas fueron recuperadas en el inmueble de Salvador Penchulef el 25 de abril de 2019 al materializarse una orden de entrada judicial a su domicilio. Todo esto quedó asentado en la sentencia, en la descripción de los hechos.
Además, en comunicados aparecidos en la cuenta de Facebook de Salvador Penchulef se admiten los hechos. Primero el 9 de abril de 2019 publicó una declaración que indica que actuaron debido a que el dron estaba “capturando imágenes sin nuestro consentimiento, vulnerando nuestros derechos territoriales, culturales y políticos, por lo que un grupo de defensa de nuestro lof, interceptó dicho drone”.
En otra declaración publicada por los mismos días en que se iba a conocer su sentencia señalan que estaban “en el ejercicio efectivo del control territorial al interior de nuestra comunidad” y que interceptaron el drone “para verificar las imágenes obtenidas y se retuvo la camioneta de los pilotos de dicho dron”. Pese a reconocer los hechos, cuestionaron igualmente el actuar de la Justicia.
Ambos hermanos reconocieron los hechos en un procedimiento abreviado por lo que a Salvador se le sustituyó la sentencia de tres años por libertad vigilada intensiva y a Reinaldo por la pena de reclusión parcial, en su modalidad nocturna domiciliaria.
«REBELARSE» CONTRA EL ESTADO CHILENO
Tras la muerte de Camilo Catrillanca, distintos medios de comunicación difundieron un comunicado firmado por el “Lof Penchulef en Resistencia” de la Comunidad Antonio Peñeipil. En el texto invitaron a “niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos mapuche a rebelarse contra la acción genocida del estado chileno e iniciar un gran levantamiento mapuche”.
En el texto publicado el 14 de noviembre de 2018 llamaban a realizar tres días de cortes de rutas secundarias y principales, sabotajes a empresas, barricadas en carreteras principales y ciudades, cortes de luz y “todo acto rebelde que sea necesario para mostrar nuestro repudio a la acción del estado chileno y su policía”.
Fue tal el revuelo, que quien presidía la comunidad, Margarita Peñeipil, tuvo que salir a aclarar que pese a que se trataba de integrantes de la comunidad, eran un grupo de disidentes que no los representaban.
Un año más tarde, en diciembre de 2019, integrantes de la misma comunidad se tomaron las dependencias de la Conadi en reclamo para que se atendiera su demanda de compra de tierras. De acuerdo con lo consignado por Biobío, en la ocasión Margarita Peñeipil dijo que siempre habían actuado pacíficamente, pero se cansaron de no recibir respuesta y aseguraron que se mantendría la toma hasta que les dijeran cuándo se iba a concretar la compra de las tierras.
FACEBOOK DE PENCHULEF A MILLALEN
Salvador Penchulf y el actual director de Conadi Luis Alberto Penchuleo Morales han coincidido en algunas actividades. En 2011 ambos participaron como expositores en el Segundo Foro Permanente sobre autonomía mapuche.
En 2014, Penchulef etiquetó a Penchuleo en una publicación que escribió a propósito de la muerte de un comunero mapuche ocurrida el 1 de octubre de 2014. Allí Penchulef escribió: “Esto marca un antes y un después en la reivindicación de nuestro territorio ancestral aquí en Galvarino. No descansaremos para que se haga justicia y no nos amedrentaremos porque uno de los nuestros cae en una justa lucha”.
En 2020, Penchulef comentó en su perfil de Facebook que estaba vendiendo plantas de tomate rosado, a lo que Penchuleo respondió solicitando que le “reservaran” algunas plantas y le pidió a Penchulef que le enviara su número de teléfono por mensaje privado.
Asimismo, Penchulef ha hecho campaña a favor de José Millalén, contratado actualmente en la Segpres como parte del Plan Buen Vivir y quien protagonizó una polémica en 2022, al ejercer como jefe de gabinete del ex delegado presidencial Raúl Allard, cuando en una reunión con los agricultores de Malleco les dijo que para iniciar el diálogo debían “ceder en tierras”, “si querían tener paz”.
Hay una publicación de 2011 en el Facebook de Penchulef en la que invita a votar por Millalén para que fuese consejero de Conadi; luego Penchulef comparte una noticia en 2016, en la que se informa que Galvarino ya tiene un Consejero Indígena ante Conadi, acompañada de una foto de Millalén.
El mismo Millalén estuvo presente cuando Conadi entregó los documentos que certifican la propiedad de las tierras para la Comunidad Mapuche Antonio Peñeipil.
“Es una satisfacción enorme de estar dando cumplimiento a la voluntad política que ha manifestado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, de hacer cumplir la ley, para avanzar en restitución de tierra, en justicia para el pueblo mapuche. Así es que, desde el Plan Buen Vivir, apoyamos la restitución de las tierras para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, de las familias mapuche”, declaró José Millalén, representante del Plan Buen Vivir, durante el acto.
En tanto Penchuleo señaló: “Felicito a esta comunidad, a su actual directiva, y a todos los dirigentes que lucharon por muchos años para llegar a este momento, han sido muchas generaciones de dirigentes que no alcanzaron a ver este sueño cumplido, el de recuperar sus tierras, pero hoy tenemos la certeza de que sus descendientes tendrán la oportunidad de trabajar y vivir mejor en estas tierras mapuche”. (El Líbero)
