Se suele decir que “Chile se salvó” cuando una contundente mayoría de electores votaron por rechazar el texto de la Convención Constitucional en septiembre de 2022. Desde ya, se salvó la república en la que nos hemos desenvuelto desde que tenemos memoria. La estrambótica plurinacionalidad la habría convertido en un recuerdo del pasado. Pero también se salvó la gobernabilidad democrática -que lleva 34 años ininterrumpidos eligiendo gobiernos y autoridades de uno y otro lado del espectro político-, y que sobrevivió a un duro test de esfuerzo que pudo haberla inhabilitado gravemente en octubre de 2019.
Con el paso del tiempo se ha vuelto mucho más perceptible el peligroso despeñadero a que nos habría conducido la aprobación de esa desmesura refundacional que proponía la carta magna elaborada por la Convención Constitucional. Casi no se puede imaginar el intríngulis institucional y político en el que estaríamos ahora mismo si ese texto estuviera rigiendo los destinos de la patria.
Pero hubo otro momento, menos notorio y aparatoso, que también podría merecer una apreciación parecida, esto de “Chile se salvó”. Fue cuando Mario Marcel fue designado ministro de Hacienda a inicios de 2021. No se suele aquilatar del todo lo que estuvo en juego en las tempranas horas del nuevo gobierno: ni más ni menos que una decisión que pudo dejar al país por largo tiempo en una situación insostenible en materia fiscal.
El gobierno del Presidente Boric, que asumió después de haber triunfado por una amplia mayoría, llegaba al poder con el empuje de una de las promesas más sentidas por sus jóvenes electores: la condonación del CAE. Su costo para el erario nacional se estimaba en unos US$12 mil millones de dólares, una cifra impagable en el contexto de una situación de caja fiscal ya crónicamente deficitaria.
Puede suponerse con razonable nivel de seguridad que un economista o una economista del Frente Amplio en el cargo habría procedido de acuerdo a lo prometido. De haberlo hecho la posición fiscal del país habría caído a su peor estado desde que se tiene recuerdo, y nos habría condenado por un tiempo largo, posiblemente toda esta década, a sufrir las consecuencias de un abultado déficit fiscal, postergando quién sabe hasta cuando el balance estructural que fue por años una de las virtudes más alabadas de nuestra política económica.
Cabe atribuir al ministro Marcel la decisión del gobierno de no perseverar en esa iniciativa, aún al costo político de incumplir una promesa largamente anhelada por el sector más identificado con el gobierno. El lector podrá tener su propia opinión sobre la gestión de Marcel, pero si es cierto que él estuvo detrás del momento crucial cuando el país se salvó de un voluminoso déficit fiscal en los años por venir, el ministro se merece un genuino reconocimiento.
Por cierto, cabe preguntarse si nos iremos a salvar de esa otra amenaza que se cierne sobre nosotros cada día que pasa, volviéndonos temerosos de salir de nuestras casas por la noche y extremadamente desconfiados los unos con los otros. ¿Podremos decir en un tiempo más que en este caso “Chile se salvó”, como en los dos anteriores? (El Líbero)
Claudio Hohmann
