En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2024, el Senado ratificó la indicación que presentó Renovación Nacional en la Cámara de Diputados que prohíbe al Servicio Nacional de Migraciones emplear recursos para regularizar el estatus migratorio de personas que hayan hecho ingreso clandestino al país.
La moción fue respaldad por 21 senadores, entre ellos los representantes de Chile Vamos, el Partido Republicano y los legisladores Ximena Rincón (Demócratas) e Iván Flores (DC).
La semana pasada en la Cámara Baja la indicación fue declarada inadmisible por la mesa de Corporación, pero no contó con los votos necesarios para respaldar esa decisión, por lo que finalmente fue aprobada por 80 votos a favor y 52 en contra.
En ese momento, el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad. Además de los diputados de Chile Vamos y el Partido Republicano, se sumaron los legisladores Eric Aedo (DC), Jaime Araya (IND-PPD), Cristián Tapia (IND-PPD), Andrés Jouannet (Amarillos), Rubén Oyarzo (PDG), Raúl Soto (PPD), Carlos Bianchi (IND-PPD), Tomás Lagomarsino (PR), Karen Medina (PDG), Joanna Pérez (Demócrata) y Héctor Ulloa (IND-PPD).
Tras el respaldo del Senado, el autor de la indicación, Andrés Longton (RN), dijo que «se aprobó por el Senado la indicación que producimos acá en la Cámara, para que no se regularice y que este Gobierno de esta manera pueda comprender que la migración, cuando es regular, es bienvenida, pero cuando cruza nuestras fronteras de manera ilegal y le produce tanto daño a nuestro país, como hemos visto propósito del sicariato, el crimen organizado, el narcotráfico y delitos tan violentos que se han importado en nuestro país, el Gobierno tiene la obligación de expulsar, y esto derriba la postura del Gobierno que estaba en su programa, de que solamente hablaba de regularizar a quienes ingresan irregularmente a nuestro país, ese efecto llamada que invitaba a los migrantes a venir irregularmente a nuestro país, porque lo iban a regularizar. Con esta indicación se acabó y esto obliga al Gobierno a activarse para poder ejecutar de manera más eficiente las expulsiones que hasta ahora no ha tenido ánimo de realizar».
Dado que la indicación fue ratificada en ambas Cámaras, esta no se volvería a debatir ni el tercer trámite constitucional ni en la comisión mixta. En este contexto, para que la iniciativa no prospere, el Gobierno podría recurrir al Tribunal Constitucional o vetar la indicación.
Hasta el momento, el Ejecutivo, a través del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que «las normas para cualquier regularización están contenidas en la Política Nacional de Migraciones, no necesitamos resolverlo en la Ley del Presupuesto».
«Hoy ya está en toma de razón de la Contraloría la Política Nacional de Migraciones, que es una política bastante restrictiva en esta materia. Y cuando hay política, hay presupuesto. Por lo tanto, cuando se requiere llevar adelante una política, si es que el Gobierno decidiera hacerlo, tiene la partida de Tesoro Público para complementar presupuesto. Esa indicación es absolutamente innecesaria», agregó. (Emol)
