Cámara aprueba proyecto sobre tratado de Escazú: pasa al Senado

Con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones la Cámara de Diputados visó el proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

En esta ocasión la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, participó de la sesión en compañía de la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, y la vocera de gobierno, Camila Vallejo.

En su intervención, Urrejola señaló que “el Presidente Gabriel Boric nos encomendó culminar este proceso iniciado y encabezado por Chile hace casi ya 10 años y hoy, felizmente, estamos dando un paso decisivo en esta línea”.

“La adhesión al Acuerdo de Escazú representa el retorno a lo mejor de nuestra tradición diplomática (…), nuestra política exterior tiene como prioridad contribuir significativamente en la protección del medioambiente y al combate del cambio climático dando un enfoque en los derechos humanos”, agregó la Canciller.

La semana pasada el mensaje presidencial para la adhesión del tratado fue despachado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, donde fue aprobado por 11 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. En esa instancia, se agregó una declaración interpretativa con el fin de aclarar el sentido y normas en derecho interno, medios de solución de controversias y autoejecutibilidad.

Además, el 4 de mayo fue visado en las comisiones en las comisiones de Medioambiente y Ciencias y Tecnología, razón por la cual este miércoles fue sometido a votación en el hemiciclo.

Con todo, el proyecto que se encontraba en primer trámite constitucional pasa directamente al Senado para que sea evaluado tras su aprobación en la Cámara, de esta forma continúa su tramitación en el Congreso.

¿EN QUE CONSISTE ACUERDO DE ESCAZÚ?

Este tratado busca proteger tres derechos básicos: acceso a la información ambiental (cualquier persona puede requerirla en su dimensión pasiva o activa), participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales (para vigilar posibles proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el ambiente, incluyendo los que afecten la salud y asuntos ambientales de interés públicos), y acceso a justicia ambiental (que puede ser impulsada por cualquier ciudadano, garantías de debido proceso).

Por otro lado, establece que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio para que las personas, grupos u organizaciones que defienden y promueven derechos humanos vinculados a materia medioambiental puedan actuar sin amenazas.

La ceremonia de firma de este acuerdo fue en septiembre de 2018 y tras ese hito se dio un plazo de dos años para que los países de la región lo suscribieran y ratificaran, plazo que se cumplió el 26 de septiembre de 2020.

En total, 24 países habían adoptado el acuerdo. Sin embargo, solo 12 de ellos lo ratificaron, permitiendo su puesta en vigor: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

En el caso de Chile fue uno de los impulsores, junto a Costa Rica, pero el 22 de septiembre de 2020 la administración de Sebastián Piñera comunicó que no firmaría el documento. El acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021.

En ese escenario, una semana después de haber asumido como Presidente de la República, Gabriel Boric firmó el proyecto de ley para ratificar el acuerdo tal como había comprometido durante su campaña a La Moneda.

“Este acuerdo representa un hito en el camino hacia una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia ambiental y requiere del compromiso de todas y todos”, dijo el Mandatario mientras que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, agregó que el proyecto ingresaría al Congreso con “suma urgencia”. (La Tercera)