El movimiento Abogadas y Abogados por Chile conformado por profesionales del derecho, magistratura, la actividad pública y académica emitió una declaración pública en la que advierten que «una Constitución deficiente, con vacíos o problemas de hermenéutica, puede llevar a conflictos graves», añadiendo que sus propuestas buscan aportar, con su experiencia, al proceso constituyente en curso.
La nota señala que desde «la instalación de la Convención Constitucional hemos seguido con atención el trabajo que ésta ha realizado», añadiendo que «no resultaría aceptable que los y las profesionales del Derecho guardemos silencio en este proceso cuando se observan transgresiones a máximas de la experiencia, la tradición constitucional occidental y chilena, o lisa y llanamente se olvida el mandato entregado por la ciudadanía, traspasándose el límite impuesto a la propia Convención en la cláusula de límites en materia de respeto a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, entre otros».
Los profesionales manifiestan su preocupación por «el tono ríspido, lejano a la autocrítica en discusiones que concluyen, aprobando normas de deficiente calidad y rigurosidad técnica y jurídica, que pueden producir al futuro serios vacíos, contrasentidos o incluso problemas graves en materia de interpretación constitucional».
La declaración continúa advirtiendo que «una Constitución deficiente, con vacíos o problemas de hermenéutica, puede llevar a conflictos graves y, lamentablemente nuestra historia política lo ha demostrado en el pasado. Esas crisis han llevado a desencuentros entre los chilenos, conflictos políticos e incluso a profundas divisiones en el país que difícilmente terminan de superarse».
En tal sentido, expresan su «preocupación ante iniciativas que permanentemente buscan socavar la independencia del Poder Judicial, crean “sistemas de justicia” paralelos, aumentan la burocratización, control y tamaño del Estado, dividen al país en naciones y en autonomías, sin considerar la rica diversidad multicultural de la Nación, con un claro sesgo identitario. Se observa, además, la ausencia de un diseño integral del sistema político, electoral y de descentralización que vaya más allá de pactos del presente, que tenga los pesos y contrapesos necesarios para evitar abusos totalitarios»
Junto con observar «un retroceso de normas de garantías ante la expropiación de bienes, certeza jurídica sobre la propiedad, libertad de emprendimiento, derechos de autor», la declaración apunta a la «falta de un diseño sistémico de los órganos autónomos, regiones, autonomías, el avance en derechos sociales no financiados o que niegan la regla de responsabilidad fiscal o privan de la libertad de elección, propuestas de eliminación de concesiones sobre bienes nacionales de uso público, entre otras».
Al mismo tiempo denuncian «la incapacidad al interior de la Convención, para entender al texto constitucional como un espacio de unidad, respeto y adhesión de la mayoría de la población con lo mejor de nuestro pasado, pero también, con los cambios que nos requiere y nos exige el presente y el futuro». «Necesitamos -indican- una Constitución para el siglo que viene, para gobiernos de distinto signo, una Constitución que aborde la diversidad en la mínima unidad que requiere un país y que proteja nuestras libertades públicas y derechos».
Concluyen señalando que la declaración «tiene el propósito de llamar la atención hacia las posibles derivaciones de lo que esa instancia se proponga a la consulta plebiscitaria», haciendo un llamado a «preservar las bases de la institucionalidad jurídica que determinó que, más que en razón de riquezas económicas, Chile fuese considerado a nivel mundial y, desde luego continental, por la certeza jurídica que era nuestro principal patrimonio ético». «Queremos que todos sus hijos cuenten, más allá de edades, razas, confesiones y niveles socio económicos y culturales, una Carta Fundamental que nos una en la construcción de un futuro de paz, unidad, trabajo y equidad. Esas aspiraciones pueden frustrarse». (Red NP)
