Aunque no esté terminado el trabajo de la Convención Constitucional (CC), es urgente (considerando las propuestas aprobadas; las rechazadas; las con apoyo mayoritario, pero no de los dos tercios, y algunos temas pendientes) analizar hacia dónde apunta el resultado final. Ello puede ayudar a rectificar errores que pueden dañar gravemente el proceso. La CC merece respeto; pero a la vez crítica.
El análisis que se hace a continuación se limita a la arquitectura institucional que va surgiendo de la CC. El Poder Ejecutivo es degradado, dejándolo entrampado en tres órganos que se disputan sus funciones. Uno es el Presidente, gravemente disminuido. A él se le agrega un Vicepresidente con no pocas atribuciones. Además se crea un Coordinador del Gabinete y encargado de las relaciones con el Congreso, que es un ministro ultrapoderoso comparado con el resto de sus colegas, y que tiene un extraño nombramiento, pues lo designa el Presidente, pero requiere la aprobación de la Cámara Política. Ese ministro —semiindependiente del Presidente y más poderoso que el vicepresidente— reuniría en sus manos lo que hoy son las atribuciones esenciales del Ministerio del Interior y la Segpres.
En el Legislativo, es cierto que el unicameralismo no es antidemocrático (existe en muchas democracias), pero hay asuntos esenciales que mal regulados pueden tener resultados nefastos. El salvataje, principalmente cosmético del Senado, no varía el que el centro del poder ya no será el Ejecutivo, sino la Cámara única. Esta predominará al tener injerencia decisiva en el nombramiento del más importante ministro del Gabinete del Presidente; y, en la formación de la ley, salvo la iniciativa exclusiva del Ejecutivo sobre el gasto, su opinión predominará sobre el Presidente, bastando el acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes.
La generación de esa Cámara a través de un sistema de partidos fragmentado conduce a un cuerpo anárquico e ingobernable. Las propuestas que circulan muestran una contradicción, pues, por una parte, agravan la descomposición, al reconocer que junto a los partidos tendrán los mismos derechos “otros colectivos políticos” y al estimular la creación de partidos regionales. Pero, por otra parte, se establece un umbral del 4% de los votos para tener representación en el Congreso. Finalmente, aunque hay más, el bicameralismo tenía el efecto de amortiguar el choque entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues permitía una negociación a tres (Presidente, Senado, Cámara). La Cámara única hará más duro este conflicto, pero acorde a las propuestas en debate esta pugna se resolverá en favor de la Cámara y en contra del Presidente.
Respecto de la regionalización, presenciamos una lluvia de iniciativas que crean un aumento explosivo de cargos, con competencias traslapadas que originarán querellas de competencia. Con el telón de fondo de regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías regionales indígenas y territorios especiales, se desplegarán el ex-Senado; gobernadores; delegados presidenciales; seremis; alcaldes; concejales; y asambleas legislativas regionales, que aunque no legislarán tendrán funciones normativas y de fiscalización.
No hay espacio para ahondar sobre el Poder Judicial, cuyo nombre se ha cambiado por Sistema Nacional de Justicia (mezquina jugarreta semántica que tiene consecuencias políticas), donde es razonable el reconocimiento de jurisdicciones indígenas; pero es un error que coexistan en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Continúan rondando normas que afectan la independencia de los jueces. Y hay dos capítulos que pueden llegar a ser muy controvertibles, cuya discusión no ha comenzado: la reforma de la Constitución y los artículos transitorios.
No es acertado sostener que la CC apunta al socialismo o al totalitarismo. Las normas sobre el derecho de propiedad, en general, se ajustan a estándares internacionales; y aquellas sobre libertad de expresión, aunque insatisfactorias (lamentable el “negacionismo”), no dan para calificarlas de “liberticidas”.
La real amenaza —aunque no la única— es el mal diseño de elementos que son la base de todo sistema político. La capitis deminutio del Ejecutivo es un absurdo en un sistema que se autoproclama presidencial. La Cámara Política, como principal centro de poder, estará en condiciones de bloquear al Presidente mediante acusaciones constitucionales, negándole leyes clave para su programa o rechazando por mayoría simple sus vetos. Si ante una Cámara de semejante poder, no se establece en favor del Presidente la facultad de disolverla, se habrá establecido un gobierno de Asamblea, que es el más ineficaz sistema político.(El Mercurio)
Genaro Arriagada
